Economía.- IU-ICV pide garantizar que las notificaciones de desahucio llegan a los afectados a tiempo para actuar

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) quiere que el Gobierno garantice que las notificaciones de desahucios llegan a los afectados cuando aún tienen tiempo para actuar ante los tribunales, limitando las notificaciones por edicto a la última opción, de modo que los afectados por lanzamientos no se enteren cuando su vivienda ya ha sido subastada, como ha ocurrido en alguna ocasión.

En una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Economía del Congreso, y a la que ha tenido acceso Europa Press, la diputada Ascensión de las Heras se hace eco de un caso sobre el que ha dictaminado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

En concreto, se trata de un desahucio que la víctima conoció cuando ya se había ordenado la subasta de su casa, algo que según Naciones Unidas va en contra de los estándares internacionales sobre protección del derecho a la vivienda, ya que el juzgado "no tomó las medidas razonables" para asegurarse de que la notificación había llegado a su destino.

EL ESTADO DEBE REPARAR A LA VICTIMA

"Al incumplir su obligación de proveer a la afectada con un recurso efectivo, el Estado violó el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", explica la diputada de IU-ICV-CHA, recordando que, según el Comité de la ONU, el Estado tiene ahora la "obligación de proporcionar a la víctima una reparación efectiva y prevenir violaciones similares en el futuro".

Por eso, la coalición de izquierdas cree que el Ejecutivo debería tomar las medidas oportunas para garantizar que la normativa hipotecaria y procesal incluye "requisitos y procedimientos adecuados" antes de un desalojo o una subasta, y que las notificaciones por edicto se usan sólo tras haber "agotado" el resto de medios de comunicación, y asegurando siempre una "suficiente publicidad y plazo" para recurrir.

Además, la Izquierda Plural exige que se asegure la accesibilidad a recursos jurídicos para las personas que se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria por falta de pago de préstamos.

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