Matteo Renzi está a punto de lograr el visto bueno del Senado a su reforma constitucional. El primer ministro ha encontrado un acuerdo con la oposición interna de su partido sobre la reforma que reduce los poderes de la Cámara alta, convirtiéndola en una asamblea de representantes de las autonomías. Ahora solo falta superar los obstáculos puestos por las otras oposiciones, empezando por la Liga Norte que ha presentado millones de enmiendas.
La obstrucción del partido autonomista no se debe sólo a los cambios previstos en el Senado. De hecho, si de un lado la reforma busca dar un escaño en el Parlamento de Roma a alcaldes de grandes ciudades y diputados regionales, del otro quiere reducir el poder de las regiones en varios ámbitos, introduciendo en la Constitución una "cláusula de supremacía" que el Estado Central puede ejercer para tutelar el "interés nacional" y "la unidad de la República".
Ésta es la parte menos conocida del plan presentado por el Gobierno italiano, pero promete cambiar radicalmente las relaciones entre Roma y las capitales regionales. Durante las últimas décadas en Italia se han afirmado varias instancias autonomistas (sobre todo en el Norte del país) y con el nacimiento en los noventa, de partidos políticos como la Liga Norte, se ha impuesto en el debate político el tema del federalismo.
Diferentes gobiernos a lo largo de los últimos años han intentado impulsar una mayor autonomía local: en 2001, el Ejecutivo de centroizquierda obtuvo el visto bueno del Parlamento a una reforma constitucional que reformaba la división de poderes entre el Estado central y las regiones italianas (excluyendo cinco regiones que por razones geográficas ya gozan de cierta autonomía gracias a un "estatuto especial", es decir las regiones fronterizas de Friuli, Trentino y Valle d'Aosta y las islas de Sicilia y Sardinia).
La reforma de 2001 dejaba en manos de las regiones todas aquellas materias en las que el Estado no tenía competencia exclusiva (política exterior, defensa y seguridad, justicia, seguridad social y medio ambiente). Esta situación ha creado durante los últimos años conflictos entre Roma y las capitales regionales sobre varios temas a "competencia compartida", empezando por el de sanidad ya que muchas regiones se han amparado en la "autonomía financiera" concedida por la reforma para acumular enormes déficit presupuestarios.
El Gobierno de centroderecha de Silvio Berlusconi intentó poner un parche en 2006 aprobando una reforma que buscaba, entre otras cosas, solventar los errores de la anterior, pero no tuvo éxito ya que la norma fue suspendida meses después de la aprobación parlamentaria por un referéndum. La reforma propuesta por Berlusconi tenia muchos puntos en común con la de Renzi: ambas comparten el objetivo de reducir el poder del Senado, agilizar el proceso legislativo y recortar el poder a las regiones para resolver los conflictos de competencia que han surgido tras la reforma de 2001.
La medida avanzada por Renzi sin embargo va más allá, introduciendo la "cláusula de supremacía", que permite al Estado intervenir en materias de competencia exclusivas de las regiones. Se trata de una propuesta, criticada sobre todo, por las regiones con "estatuto especial", que sin embargo, representa el espíritu de la reforma constitucional de Renzi. Con una sola Cámara con plenos poderes y libertad en los asuntos regionales, Renzi busca reforzar el poder del Gobierno y la aprobación de las leyes.
