El 91% de los jueces españoles considera que los medios con que cuentan son diferentes según los territorios donde ejercen su función, mientras que el 52% considera que las Administraciones no colaboran con el Consejo General del Poder Judicial.
Así se desprende los resultados de la Encuesta 2015, de ámbito nacional, a todos los jueces o magistrados en servicio activo, en la que el 68% de ellos considera que la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de las Comunidades Autónomas no ha sido beneficioso para la Administración de Justicia, frente al 13% que opina que sí. Esta opinión desfavorable es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84% en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
En cuanto al uso de lenguas cooficiales, solo el 15% dicen tener dificultad en su utilización. El porcentaje es del 13% en Cataluña, 12% en la Comunidad Valenciana, 10% en las Islas Baleares y 5% en Galicia. Por el contrario, el 54% de los jueces y magistrados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, frente al 43% que no las tiene.
Presiones de la prensa
Jueces y magistrados de lo Penal, que reconocen haber sufrido en alguna ocasión presiones externas en la tramitación o enjuiciamiento de procedimientos sobre delitos de corrupción, revelan que las más frecuentes proceden de medios de comunicación (el 51%).
Una amplia mayoría de los jueces y magistrados en activo (84%) manifiesta no tener inconveniente alguno en colaborar con su Tribunal Superior de Justicia para facilitar información sobre algún asunto de su competencia.
Por el contrario, el 16% de la carrera judicial nos se prestaría a tal tipo de colaboración. Esta favorable actitud a colaborar con sus respectivas oficinas del TSJ, es ampliamente mayoritaria en todos los casos, situándose generalmente por encima del 80%.
Por otra parte, un 43% de los colectivos de magistrados y jueces que han sufrido presiones afirma que han sido de origen político, mientras que el 26% las han recibido de particulares.
En la mayoría de los casos (67%), estos jueces o magistrados han respondido a dichas presiones haciendo caso omiso y continuando su trabajo al margen de las mismas. Sólo un 7% de estos jueces han recurrido al CGPJ ante la existencia de tales presiones.
El nivel de preocupación ante el hecho de que los medios de comunicación se fijen en un asunto de su competencia está muy igualado.
Globalmente, al 18% le preocupa mucho que los medios presten atención a un tema de su competencia, al 33% le preocupa bastante esta circunstancia. En total, un 51% de la carrera judicial se muestra muy o bastante preocupado por el posible impacto mediático de un asunto de su competencia. Por el contrario, el 44% de los jueces y magistrados se muestran poco o nada preocupados ante esta posibilidad.
Hay un gran consenso en la opinión de jueces y magistrados sobre la información judicial en los medios de comunicación generales: el 91% cree que los medios de comunicación no reflejan con objetividad el quehacer judicial.
Se trata de una opinión generalizada entre todos los jueces y magistrados en activo, una opinión que se acentúa si cabe más entre aquellos que desempeñan su labor en los Juzgados de lo Social.
Reformas en la vía Penal
La gran mayoría de los que ejercen en la jurisdicción Penal está a favor de la creación de unidades periciales -dependientes de los Juzgados- con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86%); de la revisión de los privilegios -como el de declarar por escrito o en su despacho- que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a diversos cargos y representantes públicos (79%); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66%).
Los jueces también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60%); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60%); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59%).
La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la carrera judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52% de los encuestados se muestra en contra y el 41% a favor.
Otras cuestiones de interés
El 71% de los jueces y magistrados se muestra partidario de no hacer cambios y mantener el actual sistema de oposición y el 72% cree que no existe discriminación interna atribuible a cuestiones de género.
Una amplísima mayoría de los jueces y magistrados en activo coincide en señalar que los registradores y notarios son profesiones jurídicas mejor tratadas que las de juez. Así piensa el 90 y el 89% de los jueces, respectivamente. Y, aunque en menor medida, también es mayoritaria (61%) la opinión de que los fiscales están mejor tratados que los jueces.
El 84% de los jueces y magistrados en activo no está satisfecho con su remuneración. Se trata de una opinión que se encuentra generalizada, si bien cabe señalar que la satisfacción con la remuneración aumenta a mayor edad y años en ejercicio.
La entrevista hecha por Sigma Dos, ha sido respondida por 1.285 de los 5.390 jueces y magistrados en activo.
