Ximo Puig ha afirmado que la Generalitat Valenciana "está dispuesta a asumir su corresponsabilidad" en la multa de 18,93 millones de euros impuesta por la Comisión Europea al Estado español por la manipulación de los datos del déficit de la Comunidad Valenciana, si bien atribuye "este despropósito" a la "connivencia entre el Gobierno central y los antiguos gobiernos valencianos, del Partido Popular".
El presidente del Consell respondía así al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien reiteró el miércoles que es la Comunidad Valenciana la que tiene que hacer frente a la totalidad de la sanción, algo que rechazan radicalmente tanto Puig como el anterior conseller de Hacienda y actual delegado del Gobierno en la región, Juan Carlos Moragues. "Vamos a leer bien el comunicado del Ministerio de Hacienda y vamos a llegar hasta el final para saber quién y por qué se ocultaron estas cifras y por qué no se dio cuenta el Ministerio", avisó Puig.
El pasado lunes, el Tribunal General de la Unión Europea rechazó el recurso de España contra la decisión de la Comisión Europea de abrir una investigación, en julio de 2014, sobre la manipulación de datos de deuda y déficit en la Comunidad Valenciana, y su consecuente impacto en los datos reales de déficit y deuda del conjunto de España, que finalmente acabó en una multa de 18,93 millones. El auto dice que no se puede recurrir el procedimiento, pero sí deja abierta la posibilidad de recurrir la sanción.
A este respecto, Moragues afirmó ayer que la multa se va a recurrir, "solicitando su suspensión, para que no se tenga que pagar nada". Moragues insiste en que la normativa en la que se apoya la sanción se ha aplicado "con carácter retroactivo", ya que se aprobó a finales de 2011, cuando los hechos investigados se produjeron entre 1988 y 2011, y fueron descubiertos en 2012.
En esta línea, en el recurso rechazado el lunes, el Gobierno español alegaba que las autoridades españolas actuaron "de forma clara y adecuadamente" y que no hay base jurídica para abrir un procedimiento de investigación por hechos anteriores al 13 de diciembre de 2011, incidiendo en que se habían "violado los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas" sobre supervisión presupuestaria en la eurozona.
También defendía que la Comisión "vulneró su derecho de defensa", por realizar lo que cree que fue una "investigación encubierta", al margen del procedimiento fijado.
Gastos sanitarios 'en el cajón'
La investigación se centró en las conocidas como "facturas en el cajón" por gastos de Sanidad, fechadas entre los años 1988 y 2011. La Comisión Europea aprobó la multa contra España en julio, al considerar que hubo una "negligencia grave, al no registrar gastos sanitarios", que se atribuye "a una entidad que actuó por su cuenta" (en concreto, la Intervención General de la Generalitat Valenciana).
Se trata de la primera vez que la UE sanciona a un Estado por la legislación comunitaria que penaliza la manipulación de estadísticas. En 2012, el Gobierno español informó al Eurostat de la revisión al alza del déficit nacional en 0,4 puntos, hasta el 8,9%, tras conocer estos gastos.
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