
La burocracia italiana entra en el punto de mira de Matteo Renzi. Después de los últimos decretos que completan la reforma laboral y antes de la anunciada reducción de impuestos a familias y empresas, el primer ministro italiano se prepara para meter mano a la Administración Pública. Una labor que muchos de los mandatarios que le han precedido ya habían intentado con escasos resultados.
Esta vez la apuesta del Gobierno de Roma es más alta. La reforma de la burocracia cumple dos objetivos de la agenda de Renzi: por un lado, busca ahorros en el gasto público, por el otro es una pieza importante en las negociaciones con la Comisión Europea sobre el déficit.
Italia, a diferencia de España, ya lleva dos años por debajo del umbral del 3 por ciento fijado por Bruselas. Sin embargo con una deuda de más de 2 billones de euros (es decir el 133 por ciento del PIB), Roma tiene que seguir haciendo esfuerzos presupuestarios. Con los Presupuestos para 2015, Renzi ya obtuvo una derogación de los objetivos sobre el déficit. Ahora el primer ministro transalpino busca otro atajo para hacer cuadrar las cuentas de los Presupuestos para 2016, que el Parlamento tendrá que debatir en otoño.
Italia tiene que conseguir por lo menos 10.000 millones de recortes de gasto público, y la reforma de la Administración Pública, según ha explicado el Gobierno transalpino, generará ahorros entre 1.000 y 1.300 millones de euros en 2016, y más aún en los años siguientes. Pero mientras Renzi quiere trasmitir a sus electores, y sobre todo a Bruselas, la imagen de un Gobierno que no para de hacer reformas, la verdad es que de momento el plan para cambiar la burocracia transalpina se presenta como una caja vacía.
Al igual que en el caso de la reforma laboral, los cambios en la Administración Pública se llevarán a cabo a través de la legislación delegada, aprobada por el Parlamento a primeros de agosto. Con esto el Gobierno tiene carta blanca para hacer cambios radicales. Pero las negociaciones entre los diferentes bandos de la coalición que apoya a Renzi dificultan cualquier avance.
Así que una vez más promete repetirse en Roma el drama de un partido (el PD de Renzi, que a pesar de todo sigue siendo el principal partido italiano) dividido entre el alareformadora y liberal cercana al primer ministro y, el ala socialdemócrata contraria a los cambios radicales prometidos por el joven líder.
Los enfrentamientos comenzarán en las próximas semanas, cuando el Ejecutivo presente los primeros decretos. Los borradores difundidos por la prensa italiana indican que las primeras normas recortarán los tiempos de aprobación de las obras públicas por parte de las administraciones (a través de un sistema de consentimiento tácito) y reducirán al 50 por ciento el gasto de varias partidas del Estado (a través de un recorte, entre otras cosas, a las escuchas telefónicas empleadas por policía y fiscalías).
Se trata de medidas lo suficientemente controvertidas para hacer estallar nuevas discrepancias al interior de la mayoría de Gobierno. Otros puntos de la reforma se aprobarán durante el próximo año, con una atención particular a la digitalización de la burocracia (que busca ahorrar dinero y mejorar los servicios) y a un recorte en las organizaciones en las que participan las administraciones públicas, como las Cámaras de Comercio que pasarán a ser 60 con respeto a las actuales 105 (una en cada capital de provincia). En 2017 el Gobierno piensa aprobar una nueva normativa de oposiciones.
En fin, habrá que esperar más de un año para ver si Renzi tendrá éxito allí donde los Gobiernos anteriores han fracasado. La impresión, sin embargo, es que los resultados concretos sólo sean un objetivo secundario para un primer ministro que sigue buscando popularidad a corto plazo: a la espera de aprobar los decretos sobre la reforma de la Administración Publica, Renzi ya ha anunciado la eliminación de los impuestos sobre la primera vivienda y una reducción de la carga tributaria sobre las empresas, actuando como si estuviera ya en campaña electoral, cuando las generales se celebrarán en 2018 y a la vista sólo hay elecciones locales en 2016.
Mientras tanto al ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, le ha tocado enfriar el entusiasmo suscitado por las promesas de Renzi. "Me gustaría recortar 50.000 millones de impuestos mañana, como muchos me sugieren, ¡ojalá lo pudiera hacer!", ha declarado Padoan, explicando: "El verdadero problema es la financiación de estos recortes. Por esto necesitamos un horizonte de medio-largo término, es decir, una legislatura".
Menos impuestos para familias y empresas
Matteo Renzi vuelve a prometer la eliminación del impuesto sobre la primera vivienda. La medida debería ser aprobada con los Presupuestos para 2016 y podría costar alrededor de 4.300 millones al año. El primer ministro quiere reducir la carga tributaria sobre los italianos de unos 35.000 millones durante los próximos 3 años, recortando también los impuestos a las empresas. Sus promesas dependerán de la recuperación de la economía transalpina que en el segundo trimestre del año solo ha crecido un 0,2 por ciento.