Seis de las ocho regiones insumisas con el Gobierno central por limitar el acceso de los inmigrantes irregulares a las prestaciones de la tarjeta sanitaria tienen ya sus cuentas públicas desbordadas en lo que llevamos de año y superaban en el primer trimestre el nivel adecuado de déficit público para su cumplimiento a final de año. Se trata de cuatro comunidades autónomas gobernadas en minoría por el Partido Socialista: Andalucía, Aragón, Baleares y Valencia; otra gobernada también en minoría por el Partido Popular, Madrid; y los nacionalistas de CiU en Cataluña. Otra de las autonomías rebeldes en materia sanitaria, Cantabria, se encontraba en el límite de cumplimiento de déficit y sólo una, País Vasco parece que lo alcanzará sin problemas.
Se da la circunstancia, además, de que cinco de estos Ejecutivos regionales -Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia- tuvieron que acudir este mes de abril al fondo social abierto por el Ministerio de Hacienda para poder pagar las deudas que mantienen con sus ayuntamientos en materia sanitaria. Las cinco regiones debían en esta fecha más de 107 millones de euros a sus corporaciones locales por la asistencia sanitaria que prestan.
De las ocho regiones insumisas, tres de ellas -Andalucía, Cataluña y País Vasco- lo eran desde el año 2012, cuando el Gobierno del Partido Popular decidió limitar la asistencia sanitaria gratuita a sin papeles a las urgencias, los menores de edad y las embarazadas. Las otras cinco, Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y Madrid se han sumado a la sanidad universal y gratuita tras los cambios de gobierno de las últimas elecciones autonómicas.
La mitad del déficit del año
Hay que recordar que el objetivo de déficit para todas las comunidades autónomas en 2015 se sitúa en el 0,7% de su PIB. Pues bien, estas seis regiones superaban ya en el mes de marzo la mitad de este porcentaje. Andalucía se encontraba en el 0,42%, con un desfase de 621 millones de euros; Aragón, del 0,41%, con 142 millones de déficit; Baleares está en el 0,40%, con 112 millones; Cataluña ya alcanza el 0,38% en el primer trimestre, con un total de 788 millones de déficit; muy similar a la Comunidad de Madrid, con un 0,39% y 795 millones de desfase; la Comunidad Valenciana ya sobrepasa el 0,46% de déficit, con 473 millones hasta marzo. Mientras, Cantabria se sitúa en el límite, con un 0,22% en el primer trimestre y el País Vasco apenas acumula un déficit sobre PIB del 0,10%.
Hay que recordar que según los datos que manejaba el Ministerio de Sanidad en el año 2012, la entrega de la tarjeta sanitaria con todas las prestaciones a todos los inmigrantes irregulares tendría un coste para las CCAA de unos 500 millones anuales. Si las autonomías deciden además extender la tarjeta a todos los europeos residentes en España, este gasto subiría hasta los 1.000 millones anuales.
