Dos consultoras de la trama Púnica trabajaron para beneficiar directamente a Cofely -filial del gigante energético francés GDF Suez- en la adjudicación de contratos públicos. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, aseguró en un auto al que ha tenido acceso elEconomista que Asproener una de las consultoras implicadas en la trama y que trabajaba en consonancia con la energética, redactó directamente el pliego de condiciones de un ayuntamiento madrileño para sacar a concurso el servicio de las instalaciones de alumbrado.
"Facilita a Cofely un conocimiento e influencia privilegiado sobre el contrato de cara a su adjudicación, más aun siendo un contrato complejo donde la articulación de una oferta adecuada al concurso público es laboriosa y condiciona en gran medida las posibilidades de obtener el contrato", reseña el auto.
La filial de la francesa GDF Suez se servía de estas dos empresas externas -Asproener y Ruta Energética- para que pactaran una auditoría previa con los ayuntamientos que le facilitara la consecución posterior del concurso público.
Intercambio de correos
El sumario recoge cómo un empleado de Asproener redactó directamente el pliego de condiciones técnicas para el servicio de alumbrado de Casarrubuelos en octubre de 2014. El alcalde del municipio, David Rodríguez, remitió directamente el documento por correo electrónica a la arquitecta municipal, Andrea Miguez, que, ante algunas dudas que le suponía el texto, no dudó en escribirle directamente al empleado de la consultora para pedir aclaraciones. Miguez terminaba su correo electrónico así: "Cuando tengas los datos rectificados y la auditoría actualizada, me la envías, por favor". Finalmente el alcalde de Casarrubuelos, detenido poco después, aseguró en su declaración judicial que no llegó a adjudicar el contrato.
UPyD fue el primero en dar la voz de alarma sobre la consultora. El partido asegura que Asproener ha trabajado en una docena de ayuntamientos más, todos del PP: Algete, Carranque, Cacabelos, Chinchón, Cubas de la Sagra, El Álamo, Humanes de Madrid, Navalcarnero, Quijorna, San Lorenzo de El Escorial o Torrejón de la Calzada. El consistorio de Moraleja de Enmedio también elaboró los pliegos de condiciones siguiendo las instrucciones de Asproener. Poco después, el servicio de "auditoría" fue abonado por Cofely, una vez se hizo con el concurso.
La segunda consultora, Ruta Energética, cumplía idéntico papel en los consistorios madrileños. La compañía, domiciliada en Valdemoro, estaba vinculada a la trama empresarial del constructor e íntimo amigo de Francisco Granados, David Marjaliza.
La sociedad, sin actividad real, se utilizaba para realizar auditorías en los ayuntamientos, que realmente ejecutaba un trabajador de Cofely y luego se presentaba con el sello de Ruta Energética. Según la fiscal Anticorrupción, Carmen García, la empresa era el canal que utilizaban los cabecillas de la trama para cobrar las 'mordidas'.
En una de las intervenciones telefónicas entre un trabajador de la filial francesa y un implicado en el caso se narra cómo a partir del pago del servicio a la consultora, se repartía el dinero: "Una vez que cobra Ruta Energética, ya cobramos nosotros, cobran ellos, cobro yo, cobras tú, cobramos todos".
Los implicados se llevaban entre el 2% y el 3% de las adjudicaciones de los consistorios a la empresa energética. El director comercial de Cofely, Pedro García, muy vinculado a David Marjaliza, era el encargado de acercarse a los alcaldes y concejales para conseguir los concursos, según revela el sumario. Cofely logró contratos por 200 millones de euros.
