Salió de la Cámara de Comercio de Madrid para entrar en lo que se convertiría en la trama Púnica. El director de Industria, Energía y Medioambiente de la Cámara de Comercio de Madrid, Juan José Guzmán López, abandonó en agosto de 2011 su larga trayectoria profesional dentro de la organización para crear la consultora Asproener SL.
La empresa, fundada en julio de ese mismo año, se dedicaba a realizar auditorías en los ayuntamientos madrileños para facilitar la consecución de contratos públicos a la compañía Cofely, según se desprende del sumario judicial al que ha tenido acceso elEconomista y la declaración de uno de los alcaldes imputados.
Juan José Guzmán domicilió la compañía en su vivienda particular, ubicada en el barrio madrileño de Arturo Soria. Delegado territorial de la organización de empresarios madrileños desde 1999, se convirtió ocho años después en director de Energía de la Cámara. Su trabajo de entonces respecto a los servicios que prestaba a determinados ayuntamientos de la trama no distaba mucho. Guzmán López dedicó parte de sus últimos años en la entidad cameral a promover la reducción del consumo energético entre los empresarios de la región. Incluso clausuró en junio de 2011 las jornadas promovidas por la Comunidad de Madrid para fomentar el ahorro eléctrico.
El modo de actuar de la trama
El exalcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez, aseguró en sede judicial -en unas declaraciones a las que tuvo acceso la Cadena SER- que adjudicó a Asproener una auditoría sin concurso, porque era "un servicio adicional" que ofrecía Cofely. Rodríguez explicó el funcionamiento de ambas empresas argumentado que se realizaban "auditorías fantasma" a cambio de tener adjudicado el alumbrado de los municipios. El sumario judicial de la trama revela que un empleado de Asproener realizó directamente los pliegos técnicos del servicio de iluminación del municipio en octubre de 2014. El alcalde añadió que el procedimiento se había repetido en otros ayuntamiento como Humanes y Cubas de la Sagra.
UPyD interpuso una denuncia en el juzgado de Navalcarnero por el pago de 18.000 euros del consistorio de Arroyomolinos a la consultora. Carlos Moreno, técnico jurídico del partido en la Asamblea de Madrid hasta las últimas elecciones, asegura que Asproener se dedicaba a hacer informes y auditorías de eficiencia energética a los ayuntamientos de Madrid, por los que cobraba, aunque en el caso de Arroyomolinos, se limitó a entregar un presupuesto donde hasta aparecía el sello de Unión Fenosa. "Desde el principio vimos que el modus operandi era muy parecido al de la trama Púnica -insiste Moreno-. Asproener sólo ha trabajado para ayuntamientos y todos del PP".
El dueño de la consultora, Juan José Guzmán, tomó el cargo de administrador único de la misma en enero de 2014. Hasta entonces, aparecía en el cargo María del Carmen López del Moral, aunque Guzmán López figurara como apoderado. El exdirectivo de la Cámara de Cuentas asegura en su perfil de LinkedIn que su empresa también trabaja para Europa y Sudamérica.