Barcelona, 6 ago (EFE).- El secretario general de UGT en Cataluña, Josep Maria Álvarez, propone crear un salario mínimo de ciudad en Barcelona, que se situaría ligeramente por encima de los 1.000 euros mensuales, y que la Guardia Urbana pueda realizar funciones de inspección de trabajo.
Estas son dos de las propuestas que Álvarez tiene previsto trasladar a la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de Barcelona en Comú, con quien ya mantuvo un primer encuentro poco después de su toma de posesión, el pasado mes de junio.
Álvarez quiere recuperar una idea que habían planteado con anterioridad algunas formaciones políticas, como es el establecimiento de un salario mínimo interprofesional (SMI) específico para Barcelona.
El líder sindical explica, en una entrevista con Efe, que este salario de ciudad se aplicaría en los contratos del Ayuntamiento, pero también en las empresas subcontratadas por él, y que debería extenderse a todos los municipios del área metropolitana.
Añade, además, que este sueldo tendría que ser algo superior a los 1.000 euros -el SMI ronda los 650 euros mensuales-, por lo que se situaría alrededor del 70 % del salario medio.
"Esta será una reivindicación que nosotros plantearemos de manera clara en los próximos meses al Ayuntamiento", señala Álvarez, que denuncia las "pésimas" condiciones laborales y los bajos salarios que se están pagando en sectores como la hostelería.
Precisamente, trabajadores de este sector se manifestarán hoy en Barcelona para reclamar mejores condiciones de trabajo y harán entrega a los nuevos responsables municipales de un manifiesto reclamando que se dignifique su profesión.
"Están proliferando las empresas de servicios integrales a hoteles de Barcelona, que bajan salarios y denigran las condiciones laborales y la propia calidad de la hostelería y la restauración, y eso degrada también el turismo", advierte Álvarez.
Otra de las reivindicaciones que UGT hará llegar al nuevo gobierno municipal será la de formar a la Guardia Urbana para que pueda realizar funciones de inspección de trabajo, ante la falta de efectivos que hay en este ámbito.
Se trataría de que la Urbana, durante la realización de sus inspecciones, pudiera levantar actas referentes a temas de trabajo y dar constancia de ello a la Inspección de Trabajo.
"Aprovechando que tenemos un Ayuntamiento con mayoría de izquierdas, Barcelona puede ser un buen ejemplo de hasta qué punto podemos utilizar nuevos recursos para garantizar las condiciones de trabajo", apunta Álvarez.
El secretario general de la UGT en Cataluña se muestra cauto ante las primeras medidas que ha adoptado el gobierno de Barcelona en Comú en estos dos meses, como la moratoria hotelera o la aplicación de la nueva normativa de terrazas, ya que asegura que ha de tener tiempo para "coger plenamente las riendas" del consistorio e ir asumiendo sus competencias.
Sobre la polémica moratoria de un año en la concesión de licencias hoteleras, Álvarez cree que la decisión responde al intento del gobierno municipal de "coger aire" para abordar la problemática del turismo y poner orden en el sector.
A diferencia del empresariado, no considera que esta medida vaya a afectar negativamente ni a las inversiones ni a la imagen de la capital catalana: "Creo que Barcelona es una ciudad que tiene una solidez que no la cuestiona una decisión u otra en 24 horas, aunque algunos quieran hacerlo creer".
En cuanto a la aplicación de la ordenanza de terrazas, subraya que se tiene que hacer partiendo de la base de que hay que hacer "plenamente compatibles" las mesas de bares y restaurantes con la libre circulación de los ciudadanos por las aceras. "Y hacerlo en el momento adecuado, que no es cuando se acaban de instalar las terrazas, si no con una cierta previsión", recalca.
