Agosto se promete más que tedioso para el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. El pago de 58 millones de dólares adeudado a sus acreedores el pasado sábado no se ha producido y abre la veda para lo que promete convertirse en una sonada guerra de intereses en el desesperado intento por reestructurar los cerca de 72.000 millones de dólares en deuda que atosigan a la isla.
Garcia Padilla dejó boquiabierto a más de uno cuando el 29 de junio reconoció que el apalancamiento del estado no anexado a Estados Unidos era insostenible. Unas declaraciones que sirvieron de sugerencia para una necesitada quita entre los principales acreedores del país, buena parte de ellos fondos de cobertura y otras entidades de inversión.
Puerto Rico se encuentra en un limbo legislativo, donde ni el gobierno federal ni el Congreso de EEUU tienen intención de ofrecer un rescate, dada su condición de estado no anexado, pero donde la isla esta regida por la regulación estadounidense, que no permite a sus estados cobijarse en la reestructuración de pagos. Una opción a la que sí pueden cogerse las ciudades, como pudo observarse en el caso de Detroit.
Conocido como la "Grecia de las Américas" o la "Grecia del Caribe", la economía de Puerto Rico se encuentra estancada desde la última década mientras su tasa de paro, del 12,4 por ciento, supera con creces la media de Estados Unidos, en estos momentos en el 5,3 por ciento. Sin embargo, pese al destartalado estado de cuentas de la isla, sus bonos se han convertido en pasto de millones de inversores.
"Los problemas financieros de Puerto Rico afectan a millones de inversores de fondos de bonos municipales", asegura Beth Foos, analista de renta fija para Morningstar. "A diferencia de los bonos emitidos por ciudades como Detroit, los bonos municipales de la isla han favorecidos históricamente por un número significativo de fondos de inversión", justifica. Según los datos de la consultora, alrededor de 50 fondos de deuda municipal en EEUU cuentan con una exposición superior al 5 por ciento de sus activos en deuda puertorriqueña.
Buena parte de estos inversores son ciudadanos de Puerto Rico, quienes ya han sufrido en sus carteras el azote de la agencias de rating, cuyas calificaciones consideran los bonos de la isla como "basura". Algunos de ellos, los que adquirieron deuda a través la filial de inversión del banco suizo UBS en el estado no anexado han demandado a la entidad en busca de 1.100 millones de dólares en indemnizaciones.
De momento, este default es el más importante desde que la ciudad de Detroit, con alrededor de 8.000 millones de dólares en deuda, incumpliera el pago de 1.450 millones de dólares de bonos de pensiones asegurados antes de solicitar protección por bancarrota en 2013, y posteriormente en más de 600 millones de dólares en bonos generales.
El jefe de Gabinete de Puerto Rico, Víctor Suárez, dejó claro la semana pasada que el Estado libre asociado a EEUU no contaba con el flujo de cuenta corriente para pagar por los bonos de la Corporación Pública de Finanzas. Además especificó que el impago de una deuda no tendría porqué constituir un default. Dicho esto, tanto Standard & Poor´s como Moody´s advirtieron que sin un pago en el plazo acordado, el evento sería considerado como tal.
Aún así, los analistas de la consultora Eurasia Group determinaron en un informe que probablemente el gobierno puertorriqueño quiera utilizar el pago de la Corporación Pública de Finanzas como ensayo para ver cómo reaccionan los acreedores con la esperanza de que algunos de los tenedores de bonos se dejen invadir por el pánico y ofrezcan cierto alivio a la isla.