
El incremento de la financiación que anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), beneficiará especialmente a Andalucía. Esta autonomía contará, el año que viene, con 1.712 millones de euros extraordinarios, un 11,11% más de los fondos de los que ha dispuesto este año.
Pese a que Cataluña y la Comunidad Valenciana también se beneficiarán de incrementos similares (en su caso del 12%), lo cierto es que la situación andaluza es más particular: primero, porque las balanzas fiscales publicadas hace tan solo dos semanas pusieron de relieve que Andalucía es, de largo, la autonomía más beneficiada del actual sistema de financiación. Su saldo fiscal relativo es de 8.531 millones de euros, es decir, recibe del Estado mucho más dinero del que aporta al conjunto del sistema. La cifra llama mucho más la atención si es comparada con la de Madrid, cuyo saldo es negativo en más de 16.700 millones, o Cataluña, que aporta 8.500 millones más de lo que recibe.
Pero aún hay más. De los 7.462 millones extraordinarios que anunció ayer Montoro, hay una gran parte que servirá para financiar el déficit público. Y de ahí se entiende que Cataluña o la Comunidad Valenciana, que llevan siete años incumpliendo los límites impuestos con Hacienda, sean de las que más vean incrementada su financiación; Andalucía, sin embargo, cuenta con uno de los déficit más bajos de todo el país, puesto que aunque incumplió el objetivo del año pasado (del 1%), apenas lo rebasó en unas centésimas (fue del 1,16%).
Financiar el gasto
Eso significa que, del extra recibido, podrá utilizar bastante más dinero que otras comunidades para financiar su gasto. La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer al término del CPFF que "serán solo 509 millones los que podamos utilizar, pues el resto servirá para pagar deudas y a los bancos". Es solo un 30% de lo recibido, y sin embargo, ese porcentaje será mucho menor para otras comunidades autónomas en peor situación financiera y con más deudas pendientes con la banca.
Pese a estas consideraciones, el Ministerio de Hacienda niega que exista "algún tipo de trato favorable" a Andalucía "o a cualquier otra comunidad autónoma". "El reparto sale de la propia ley de financiación autonómica. Saldamos cuentas con dos años de desfase, y es posible que algunas reciban más ahora porque en el año 2014 no se terminaron de hacer bien los cálculos y recibieron menos de lo que les correspondía".
Desde el departamento que comanda el ministro Montoro apuntan, eso sí, que Andalucía va a ser una de las regiones más beneficiadas por el ahorro de intereses en el pago de la deuda. Hacienda estima que, en conjunto, los ahorros para las comunidades serán de 2.900 millones en 2015, gracias a la financiación a coste cero y la rebaja de los tipos de los mecanismos de financiación habilitados por el Estado, a los que están adheridas la práctica totalidad de las regiones. "Es un sistema que beneficia a las regiones más grandes. Eso influye también en el hecho de que, en el reparto, salgan favorecidas algunas como Cataluña, la Comunidad Valenciana o la propia Andalucía", apuntan desde Hacienda.
Dos años algo más tranquilo
Tras cerrar el año 2014 con un déficit del 1,16%, Andalucía tiene que cumplir, como el resto de comunidades, con un desfase del 0,7% este año y del 0,3% el próximo. En realidad, y según su PIB total, de algo más de 141.000 millones, esta comunidad autónoma tendrá que ajustar su presupuesto un 0,8% entre este año y el próximo, lo que se traduce en algo más de 1.132 millones. Teniendo en cuenta el extra que ayer anunció Montoro, su situación será mucho más cómoda que alguna de las de sus vecinos regionales.
La economía andaluza está creciendo, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a una velocidad del 2,8% anual. Su tasa de paro, sin embargo, continúa siendo la más elevada de España. La encuesta de población activa (EPA) publicada la semana pasada por el INE puso de relieve que algo más de un 30% de la población activa sigue en situación de desempleo.