La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la fianza de 18 millones de euros que se fijó para levantar el embargo sobre sus cuentas al considerar que existen "datos suficientes" de que el exministro de Economía Rodrigo Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo.
En un auto, el tribunal madrileño desestima el recurso que el exvicepresidente del gobierno interpuso contra esta medida cautelar dictada por el instructor Antonio Serrano-Arnal el pasado mayo, a la que tachaba de "excesiva y desproporcionada" por incluir conceptos como el pago de la multa que en su día se le pudiera imponer.
Sin embargo, los tres magistrados de la Sección 23 de la Audiencia aluden a la "complejidad del asunto", derivada del entramado de sociedades mercantiles "dirigidas y gestionadas directa o indirectamente" por él y "de los numerosos terceros que han podido intervenir y tener participación" en esa red.
La cuantía podría variar
Así, reconocen la "insipiencia de la investigación", subrayan que "existen datos suficientes como para que el denunciado hubiera podido incurrir en la supuesta comisión" de uno o varios delitos fiscales y otro de blanqueo. Por otra parte, descartan el de alzamiento de bienes, al igual que ya lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción.
No obstante, pese a que abren la puerta a que la cuantía pueda ser modificada tanto al alza como a la baja según avance el caso, creen que procede mantenerla a la luz de los datos contenidos en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) que precipitó el caso y, que incluía, además de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, el de alzamiento.
Según admiten, Serrano-Arnal "adoptó una serie de medidas muy restrictivas de los derechos del denunciado" el pasado mayo, como fue el bloqueo de todos sus bienes y patrimonio conocido y la prohibición de disponerlo, pero la medida y su cuantificación fue "adecuada y prudente". "Estas limitaciones en el orden civil", relata el auto, "respondían como no podía ser de otra forma a la finalidad, no solo de garantizar" las posibles responsabilidades derivadas de la comisión de estos delitos, sino también la de "preservar su patrimonio "para que estuviera disponible en todo momento".
Un informe del que se ha desvinculado la inspectora jefe de la Onif, Margarita García-Valdecasas, durante su declaración como testigo, tras lo cual el juez procedió a convocar para mañana al ex director gerente del FMI "a fin de ser oído en calidad de encausado por los hechos que motivan la instrucción".
