El nuevo mapa político tras las elecciones municipales y autonómicas se le ha atragantado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el primer encuentro con los consejeros autonómicos tras el 24M. Un total de nueve comunidades autónomas, todas las gobernadas por el PSOE (Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias), más Canarias y Cataluña han votado en contra de los objetivos de déficit de los próximos ejercicios, que han quedado fijados finalmente en un déficit para este año no superior al 0,7% del PIB, el 0,3% para el próximo, un 0,1% en 2017 y alcanzar el equilibrio presupuestario en 2018, un año después de lo inicialmente previsto.
Si bien la oposición socialista era un desencuentro anunciado, a Montoro los detractores le han salido hasta desde dentro de las filas populares, con la significativa abstención de Castilla y León, feudo popular, que pedía "más flexibilidad" ante unos topes de déficit para 2016 "excesivos" y "asimétricos", según subrayó la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo.
La rebelión autonómica, sin embargo, no ha impedido para dar luz verde a los objetivos de Montoro, ya que al Gobierno central le bastaba un sólo voto autonómico para sacar adelante sus propuestas. Finalmente fueron seis los apoyos, ya que a Madrid, Murcia La Rioja y Galicia, todas ellas gobernadas por el PP, se unieron Ceuta y Melilla. No obstante, incluso entre las que se han posicionado a favor, se ha advertido de las dificultades para cumplir con los topes fijados por Hacienda. El nuevo consejero de Hacienda murciano, Andrés Carrillo (PP), aseguró a su entrada a la cita que es "imposible" cumplir el mencionado objetivo, a pesar de los ajustes.
Sin embargo, y a pesar del voto en contra de la mayoría, Montoro aseguró que el Gobierno "aplicará con todo rigor la Ley de Estabilidad", porque la consolidación del déficit público "es lo que nos está sacando de la crisis", remachó en la rueda de prensa posterior al encuentro.
Pero el calendario electoral juega en contra del proceso de consolidación fiscal, a pesar de las facilidades dadas por el Ejecutivo para que las Autonomías cumplan con sus objetivos. De hecho, el titular de Hacienda, avanzó hace días que el próximo año aumentará la financiación de las comunidades autónomas en 10.000 millones de euros. Un incremento de los recursos que procede del cálculo automático por la mejora de la recaudación de impuestos participados por las comunidades (50 por ciento del IRPF, 50 por ciento del IVA y 58 por ciento de impuestos especiales). Este año ya ingresaron unos 5.000 millones más por la mejora prevista de la financiación. Pero lo cierto es que el acuerdo con los últimos datos difundidos por Hacienda, trece autonomías -todas menos Asturias, Navarra, La Rioja y el País Vasco- habían incurrido en déficit en abril y Murcia y Extremadura están ya al límite del objetivo del 0,7 por ciento.
Desde el Partido Socialista rechazan de plano los objetivos de Montoro y piden pasar del 0,3 por ciento al 1,4 por ciento en 2016. Once décimas de diferencia que suponen unos 12.000 millones de gasto adicional para ese ejercicio. El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha Vázquez, propone que este alivio para las cuentas autonómicas se compense con un mayor esfuerzo de la Administración Central, que debería ajustarse del 2,2 por ciento al 1,1 por ciento, según el dirigente socialista, para dar más aire a las comunidades, que son las que cargan con el grueso del gasto en los servicios públicos.
Desde la Junta de Andalucía, su consejera lamentó al finalizar el encuentro con Montoro "el rodillo del Gobierno de España" que, aseguró, haciendo usos de su mayoría cualificada ha aprobado los objetivos sin dar oportunidad a que las autonomías expusieran su alternativa, explicó.
Desde Madrid, su consejera Engracia Hidalgo escenificó el mayor apoyo al ministro, asegurando que la senda de consolidación del déficit "es lo que ha permitido al país salir de la crisis".
Además, celebró la constitución de un grupo de trabajo para modificar el actual sistema de financiación autonómica, una reclamación de la mayoría de las autonomías.
