El Gobierno ya no se compromete a enviar en lo que le queda de legislatura las cartas informativas de los futuros derechos de jubilación. La tramitación de dicha misiva respondía a la intención del Ejecutivo de concienciar a los españoles de la importancia de prepararse para la etapa de retiro.
Así lo anunció hace tres años el propio ministerio de Empleo, un mandato que tiene su origen en el Pacto de Toledo y en la reforma de la ley de la Seguridad Social de 2011. No obstante, a día de hoy, fuentes de dicho departamento reconocen que el envío de esta información se pospone indefinidamente.
El ministerio de Báñez afirma que a seis meses de las urnas, aún quedan muchos deberes por hacer. Así, explican que sus esfuerzos se centrarán en hacer descender las largas listas el paro. En tema pensiones, el ministerio estima que se ha avanzado en la buena dirección con la reforma y la incorporación del factor de sostenibilidad. Sobre la carta en concreto, el Gobierno admite que el proceso se ha atascado, un parón que el ejecutivo achaca a "la complejidad técnica". Por su parte, tanto sindicatos como patronal hablan de "decisión política".
Consenso
Tras diversas reuniones con los agentes sociales que acabaron con un "fuerte consenso", el Gobierno se comprometió al desarrollo de este reglamento. Según explicó la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, este texto contemplaría una primera campaña de información en 2014 para los mayores de 50 años, es decir, más de ocho millones de personas según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, en un plazo máximo de tres años las comunicaciones llegarían a toda la población cotizante, con una periodicidad anual.
Con este fin pero sin noticias del decreto Ley que regularía el proceso, el Gobierno sacó a concurso los contratos para formalizar el envío de las cartas por un presupuesto global de 1,57 millones de euros. Transcurrido el plazo legal oportuno, la licitación del servicio postal se adjudicó a Unipost por un canon de 1,32 millones de euros. Por su parte, según publicó el Boletín Oficial del Estado, Mailfactory se ocuparía por 208.000 euros de la impresión de folletos así como de monitorizar el proceso íntegro del envío de la información.
Pero la carta no llegó a materializarse ni la información a salir del ministerio de Seguridad Social a pesar de que había presupuesto para ello. El Gobierno justifica ahora "que no es una prioridad" por lo que el contrato no llegó a ejecutarse.
No obstante, la cercanía de las elecciones y el hecho de que ocho millones de posibles votantes (entre 50 y 64 años) puedan descubrir el futuro de su pensión podrían haber obstaculizado el proceso. Es lo que apunta Enrique Martín desde CCOO, quien insiste en que con la crisis y la merma en las nóminas, las prestaciones también serán mucho más reducidas. "A sueldo bajos, pensiones más bajas", reivindica.
Para la presidenta de Unespa, Pilar González de frutos, esta medida de concienciación es "fundamental" para hacer entender a la gente que, si quiere mantener su poder adquisitivo cuando se retire, debe acumular una bolsa de ahorro privado que ejerza de complemento de su pensión pública. Para la patronal del seguro, las decisiones para el mantenimiento de las pensiones en los últimos años "han sido positivas pero no suficientes". .
Otros expertos también reconocen que el envío de la carta pondrá en evidencia las dos caras de la moneda. Según explica Jaime Sol, de KPMG Abogados: "Dicha información será de gran utilidad en muchos casos, pero también para muchas personas pondrá de manifiesto la constatación de un temor, la insuficiencia de la prestaciones públicas a la hora de satisfacer sus necesidades económicas en el momento". En esta línea, Sol apunta que "en un horizonte temporal de 15 a 17 años sí hay un margen de tiempo suficiente para que un individuo pueda constituir una masa de ahorro relevante para poder atender sus necesidades de renta durante su retiro".
Estado de la hucha
Otro argumento que, según diversas fuentes, podría haber pesado a la hora de retrasar el envío de la carta es el hecho de destapar el estado de la hucha. Ya en el preámbulo de la Ley que regula el Factor de Sostenibilidad se explica que en los próximos años accederá a la jubilación la generación denominada baby boom "con lo que eso supone de incidencia en el aumento en el número de pensiones durante un periodo dilatado de tiempo (2025-2060)".
Por lo pronto, según los datos de Empleo, la ratio entre pensionistas y afiliados a la Seguridad Social es de 2,26, lo que quiere decir que a día de hoy hay sólo dos trabajadores en activo por cada pensionista incluso después de la reforma de la ley. Y es que la caída de los afiliados pesa mucho en la estadística. Así, por ejemplo, desde el máximo de ocupados de 2007 (19,19 millones), se han perdido en España 1,94 millones de afiliados. En consecuencia, en los últimos tres años el Ejecutivo ha tenido que sacar de la hucha 25.181 millones para el pago de las pensiones, lo que deja su estado en 41.634 millones desde los 65.815 que contenía en 2011.
