El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, por unanimidad, el informe al proyecto de Real Decreto sobre comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia en el que alude a la necesidad de asegurar que los sistemas de comunicación de las distintas Administraciones sean compatibles y estén integrados entre sí.
Lo cierto es que el Real Decreto sobre el que ha informado el CGPJ se circunscribe al ámbito territorial del Ministerio de Justicia. Por ello, pide el Consejo que, a pesar de esta circunscripción, se garantice que todos los sistemas de las distintas Administraciones estén interconectados. De otro modo, el sistema "no podrá funcionar realmente ni garantizar el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos".
El problema radica en que, en la actualidad, las distintas Administraciones de Justicia -la central y las de las comunidades autónomas con competencias delegadas en la materia- cuentan con sistemas propios que muchas veces no son compatibles entre sí.
De ahí, la necesidad de poner en marcha una reforma que permita la interoperabilidad entre los distintos sistemas a través del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet.
De este modo, según el Informe, del que ha sido ponente la vocal María Victoria Cinto y que valora positivamente el proyecto normativo, existen "dudas" sobre la oportunidad de proceder a la elaboración del Real Decreto que persigue obligar a que las notificaciones y presentaciones de documentos en los órganos judiciales se hagan por medios electrónicos. Y ello debido a que "gran parte de su contenido depende de la aprobación de leyes que se tramitan en el Parlamento y de la disposición de medios técnicos".
Eso sí, de llevarsea buen puerto todas estas medidas, el Real Decreto supondría, a juicio del CGPJ, "un ahorro de tiempo indudable". De ahí que valore positivamente "el establecimiento de la obligatoriedad para profesionales de la Justicia y para los órganos judiciales y fiscalías del uso de los medios electrónicos para la presentación de documentos y para la recepción de actos de comunicación procesal".
Ahora bien, advierte del "notable esfuerzo " que deberán realizar las Administraciones Públicas implicadas para la efectiva implantación de las comunicaciones telemáticas en Justicia a partir del 1 de enero de 2016 (plazo que se ha marcado el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá). Asimismo, alude a la necesidad de integrar el sistema Lexnet con el sistema de gestión procesal correspondiente.
Norma con rango legal
Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces muestra dudas sobre el hecho de que la reforma legal se lleve a cabo a través de una norma reglamentaria. Entiende el CGPJ que, dado que la efectividad de las comunicaciones telemáticas "implica no solo cuestiones técnicas y ámbitos competenciales concretos, sino que también produce consecuencias procesales y afecta a los derechos de los ciudadanos", debería introducirse un precepto que garantizase la uniformidad en todo el territorio nacional en una norma con rango legal (Ley de Enjuiciamiento Civil o Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia).
