David Cameron ha querido demostrar que la inesperada mayoría absoluta obtenida hace un mes no ha generado un Ejecutivo de improvisación, sino un gabinete preparado para reformular las bases fundacionales de un país que, mientras se replantea su lugar en Europa, trata de apuntalar un todavía renqueante crecimiento y resolver la cuadratura del modelo territorial. Por ello, desde la mañana misma del 8 de mayo en que confirmó su hegemonía parlamentaria, el primer ministro se puso manos a la obra para garantizar que el Discurso de la Reina confirmaba su determinación por materializar un programa electoral conservador que no había previsto ejecutar en su integridad.
Sin embargo, cuando la pasada semana Isabel II leía por sexagésima cuarta ocasión las perspectivas legislativas del año entrante, por primera vez en casi dos décadas, la autoría era íntegramente tory. De ahí la presión para marcar el tono de una legislatura en la que al reto de acabar con el déficit se suma la decisión sobre la continuidad en la Unión Europea y el desafío de reequilibrar un sistema que, además de una cuestionable productividad, mantiene el desequilibrio que había convertido la tormenta financiera en una crisis permanente.
Como anticipo para los próximos cinco años, el Ejecutivo introdujo un ambicioso programa de 26 proyectos de ley entre los que destaca, sobre todo, la apuesta clara por el referéndum sobre el matrimonio de conveniencia con Bruselas. La línea roja trazada durante la campaña se traduce así en un compromiso por ley que permitiría, incluso, convocarlo un año antes del plazo inicialmente marcado para 2017.
La decisión supone una declaración de intenciones. Al acelerar la aprobación de la ley del plebiscito "en tiempo extra rápido", Cameron demuestra ser consciente del alcance de la preocupación ante la incertidumbre inherente a un referéndum en el que se juega el statu quo.
De hecho, la única contrariedad que colectivos como el de los empresarios hallaron en el Discurso de la Reina es que no recogiese específicamente que la votación será el próximo año. Por el resto, el mismo sector privado que durante la campaña había abogado por la permanencia de Cameron en el número 10 como garantía de continuidad se mostró satisfecho ante medidas que aspiran a incentivar el pleno empleo, la reducción de las trabas burocráticas para los negocios, el desarrollo de infraestructuras para mitigar la hipertrofia del sureste del país o la promoción de la industria inmobiliaria.
Empleo y salud, los retos
Con todo, el primer ministro quiso ampliar el campo magnético de su gabinete para atraer al centro político y recuperar al espectro de los segmentos menos favorecidos que hace tres décadas habían llegado a aceptar la propuesta del thatcherismo. Actuaciones estratégicas anunciadas, como la del Derecho a Comprar, o un Sistema de Salud "de siete días a la semana", han tenido hueco en un programa que reitera su vocación "para los trabajadores" y que confirma el movimiento táctico para capitalizar uno de los emblemas del Laborismo.
No en vano, la primera mayoría absoluta desde 1992 obliga a esquivar el riesgo de ser percibidos como una élite que gobierna para una minoría. Pese a su determinación desde que asumiese el timón en 2005, Cameron no ha logrado acabar con la toxicidad de la marca tory, por lo que en su anunciado último mandato tiene la oportunidad para certificar la defunción del nasty party (partido despreciable) y el alumbramiento de una formación con una vocación más plural.
El desafío es notable, pues requiere convencer al ciudadano de a pie y a sus propias filas. Si el británico medio tiene que sentir todavía que la cacareada recuperación llega a su bolsillo, las diferentes facciones que conviven en su partido amenazan con complicarle la Legislatura.
Será entonces cuando la exigua hegemonía obligue a Cameron a satisfacer las a veces contrapuestas voluntades que habitan en la verdadera gran coalición que constituyen los conservadores.
