España quiere aprovechar la discusión en marcha sobre la reforma de la gobernanza económica europea para poner sobre la mesa una auténtica refundación política de la unión económica y monetaria. Si la mayoría de los socios, encabezados por Alemania, defiende ajustes menores al barroco sistema de coordinación económica de la UE, el Gobierno es partidario de levantar la vista para empezar a crear un núcleo duro del euro, una unión fiscal, en la que los socios estén protegidos por mecanismos comunes (como los eurobonos), pero también atados por unas reglas y un control más estrictos.
Según explicaron fuentes españolas, el salto adelante en esta transferencia de competencias a las autoridades europeas quedaría encarnado en la figura de un superministro del euro, con el mismo peso institucional y político que tiene el Presidente del Banco Central Europeo (BCE) en política monetaria.
La propuesta española se arriesga a encontrar poco apetito entre los estómagos nacionales de los 28. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, avisó a principios de mes que una mayoría de los estados miembros sólo quiere mejorar el procedimiento actual de coordinación económica y, en todo caso, profundizar el mercado común.
Pero Madrid no se arruga y quiere abrir los tratados para crear una Europa de dos velocidades. "Ya es una realidad, ya tenemos una Europa a la carta, pero al menos hagámoslo de manera ordenada", argumentan las mismas fuentes españolas. Desde el Gobierno se desmiente que se quiera romper la UE, sino más bien construir una zona euro para los que tengan la ambición y el convencimiento.
Esta visión española también está llamada a rozar entre las instituciones europeas, siempre partidarias de "más Europa" ya que Madrid argumenta que "hay que superarlas" para poder llegar a este estadio superior.
Así, la Comisión Europea dejaría de tener competencias sobre los socios del euro, que pasarían a estar bajo la vigilancia del nuevo superministro. Las mismas fuentes insisten en que este nuevo cargo no sería un presidente permanente del Eurogrupo reforzado, sino una autoridad de nuevo cuño elegida por una nueva asamblea de legisladores, de la que formaría parte diputados nacionales y eurodiputados al cargo del dosier económico.
El Ejecutivo español considera que la disfunción entre los socios del euro y el resto de la UE es "enorme", por lo que se necesita una refundición para crear instituciones "genuinamente del euro".
Distintas medidas
Si España quiere robar competencias a la Comisión, diluir el poder del Parlamento Europeo y superar al Eurogrupo, el BCE tampoco sale mejor parado. Fuentes del Gobierno son muy críticas con la labor de Frankfurt en años recientes, al considerar que no se ha controlado la dispersión de la inflación entre los miembros del euro. Además, las fuentes oficiales son especialmente duras con la bajada de tipos del BCE en 2003, una decisión que en aquel momento buscaba ayudar a países estancados del núcleo como Alemania, pero que perjudicó la competencia de las otras economías que estaban creciendo, como la española.
Por eso, el Gobierno también se atreve a pisar el terreno del mandato del BCE, terreno prohibido a lo largo de toda esta crisis, para pedir que vigile la dispersión de precios entre los socios del euro.
Estas medidas se suman a otras ya adelantadas por elEconomista desde el pasado mes de marzo, y en las que el objetivo último es reducir las divergencias de las economías europeas.
Fuentes españolas señalaron que la idea de reducir los indicadores en el examen macroeconómico de Bruselas, excluyendo datos como el paro o la deuda, han tenido buena acogida. No obstante, Dijsselbloem y fuentes comunitarias mostraron su escepticismo con esta idea.
Con esta visión, que desborda el año y medio marcado para los cambios que se discuten, España asume la bandera de los "más federalistas", según reconocen las fuentes del Gobierno, en el debate para la reforma de la unión económica y monetaria, que quedará recogido en el informe que alistan para la cumbre de finales de junio los titulares de las instituciones europeas.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que coordina los trabajos, tiene intención de quedarse en un punto medio para proponer un mecanismo fiscal que absorba los shocks, según señalaron a elEconomista fuentes comunitarias, lejos aún de la unión fiscal con la que sueña España.
