La reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas sigue a trompicones su tramitación parlamentaria. Ayer, el Congreso de los Diputados aprobó -con 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones- el anteproyecto, que tan sólo incluía las enmiendas propuestas por el Grupo Popular. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso para un sector dividido por esta reforma. En esta línea, todos los representantes parlamentarios (a excepción de los populares) han realizado duras críticas al Gobierno por el blindaje que ha sufrido esta reforma en su paso por el Congreso.
El representante de los socialistas, Juan Moscoso, se mostró indignado con la forma en la que se ha realizado la norma. "Se cierra de una forma que no debería de haberse hecho, criticamos el procedimiento y hacemos una protesta formal por los bandazos que el grupo mayoritario ha protagonizado. No hay consenso en la profesión, ni entre los grupos parlamentarios", explicó Moscoso. "Es impensable que una ley tan importante como esta salga sólo con el apoyo del grupo mayoritario", agregó.
Por otro lado, varios representantes parlamentarios (Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto) han señalado que muchas de las enmiendas que se habían presentado "tan sólo respondían a las presiones de determinadas firmas de servicios profesionales". Además, el representante del Grupo Mixto, Rafael Larreina, explicó que iban a presentar una "enmienda a la totalidad", pero no lo hicieron por consejo de los agentes sociales que "confiaban en el consenso. Por eso, en cierta forma el Gobierno ha trampeado".
Frente a las duras críticas recibidas por parte de la oposición, el representante de los populares, Rogelio Araújo, trató de justificar que "no se ha considerado la inclusión de las otras enmiendas porque supondría una merma a la transparencia de la actividad auditora".
Con todo, fuentes del sector comentaron ayer a elEconomista que "este blindaje para tramitar la reforma de la ley no es lógico". "La anterior fue fruto del consenso, lo que se está haciendo ahora es un despropósito", añadieron. En este sentido, apuntan a las presiones que los grupos parlamentarios han recibido para incluir o rechazar determinadas enmiendas y que "la decisión de que sólo entren las del grupo mayoritario no responde a las necesidades del sector y parece fruto de una pataleta política". De hecho, también se ha señalado que el motivo por el cual sólo han entrado las enmiendas del PP responde a un supuesto enfado del ministro de Economía, Luis de Guindos, tras las presiones recibidas tanto de la Oficina Económica de la Presidencia como de las auditoras.
La norma 'blindada'
Pese a las quejas del sector, el Gobierno ha hecho oídos sordos y gran parte del anteproyecto sigue como empezó. Este es el caso del periodo de rotación, que está fijado en 10 años con posibilidad de ampliarse otros cuatro más en el caso de que entre un segundo auditor. Los servicios prohibidos siguen como estaban, pese a las quejas de introducir también en éstos los de abogacía (ahora están prohibidos los de contabilidad, asesoría fiscal y gestión de riesgos, entre otros).
En cuanto a la definición de Entidad de Interés Público (EIP), reduce una parte de las cotizadas del MAB y quedan sólo las firmas "en expansión" (fuera se quedan las sicavs o las socimis). Además, según la enmienda presentada por el PP, el Gobierno, en el plazo de un año, puede modificar la definición.
