Lograr resultados allí donde ni los tecnócratas de Mario Monti han tenido éxito no es una tarea sencilla. El problema, sin embargo, es que después de un año de Gobierno para Matteo Renzi el camino de las reformas no sólo sigue siendo cuesta arriba, sino que se está haciendo aún más impracticable.
Pocos días después del pulso mantenido con la oposición y con la minoría de su propio partido sobre la ley electoral, el primer ministro italiano afronta otro obstáculo. Esta vez los adversarios de Renzi no son los partidos de oposición, sino los sindicatos, que protestan contra la reforma escolar presentada por el Ejecutivo.
El eje de la reforma es el aumento de autonomía de los institutos, que se conseguirá dándole un nuevo papel a los directores, que tendrán el poder de elegir a los mejores profesores, otorgándoles subidas de sueldo que ahora sólo se conceden por antigüedad de servicio. Además, el plan de Renzi introduce la posibilidad de hacer donativos privados a los institutos, mientras prevé prácticas obligatorias en empresas y administraciones públicas en las escuelas secundarias.
Estos cambios han tropezado con la oposición de todos los sindicatos, que hace dos semanas convocaron una multitudinaria manifestación de profesores y alumnos y ahora amenazan con cruzar los brazos y atrasar las evaluaciones de fin de curso. Renzi ha intentado convencer a las centrales proponiendo contratar 100.000 profesores con puesto de trabajo precarios y prometiendo 4.000 millones de euros para hacer reformas en las escuelas más antiguas y maltrechas.
De momento, la negociación no avanza, pero el primer ministro ha dejado claro que sin reforma no habrá la tan esperada contratación de profesores. Además, si los sindicatos insistieran en su negativa, el Gobierno aprobaría la reforma sin modificar a través de una moción de confianza. Renzi ha fijado como límite el 20 de mayo, cuando el Parlamento tendrá que votar la medida: su objetivo es romper el frente de las centrales, haciendo mella en las organizaciones más dispuestas al diálogo, como la católica CISL.
Se trata del enésimo juego de azar del joven líder, que esta vez está asumiendo muchos riesgos. Antes, con la reforma laboral, y ahora con los cambios en el sistema escolar, Renzi se está alejando de la tradicional base electoral de su partido, formada sobre todo por empleados y funcionarios públicos, a pocos días de las elecciones autonómicas del 31 de mayo, cuando se votará para renovar siete de los 20 Gobiernos regionales italianos.
Es verdad que el proyecto político del primer ministro busca consensos más allá del área tradicional del centroizquierda transalpino, beneficiándose de la profunda crisis del principal partido conservador, Forza Italia, de Silvio Berlusconi. Pero ahora Renzi tiene que enfrentarse también a la desagradable sorpresa del Tribunal Constitucional que, con una sentencia, acaba de anular el recorte a las pensiones aprobado por los tecnócratas de Monti en 2011.
Reembolsar todos los atrasos supondría 15.000 millones, que el Gobierno no tiene. El presidente estudia con su ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, un reembolso parcial con un coste que no supere los 5.000 millones. La medida salvaría las arcas públicas pero defraudaría -y mucho- a tantos pensionistas que esperan una subida sustancial de sus nóminas.
Siete gobiernos regionales en la pelea electoral
El 31 de mayo Italia renovará siete de sus gobiernos regionales. El Partido Demócrata de Renzi ya gobierna en cinco de las siete autonomías, y quiere conquistar una región adicional. Una ayuda para esta ocasión viene de la crisis del partido Forza Italia de Silvio Berlusconi, expresidente del Consejo de Ministros, que en los comicios que se han celebrado en la región autónoma de Trentino hace una semana se ha hundido por debajo del 5 por ciento en los resultados.
