El Gobierno británico ha aterrizado en la realidad de una legislatura en la que deberá gestionar promesas electorales que esperaba tener que sacrificar en nombre una coalición que, finalmente, nunca llegó. Diez días después de que las generales más disputadas de la historia reciente diesen paso a una inesperada mayoría absoluta para David Cameron, el primer Ejecutivo íntegramente conservador en 18 años acelera la elaboración de la que será su primera prueba de fuego: el Discurso de la Reina, o lo que es lo mismo, el paquete de medidas legislativas que, el próximo día 27, comenzarán a definir el tono de un mandato que el premier quiere consagrar a los trabajadores.
El cruce ideológico entre la munición marcadamente tory que había dictado su campaña electoral y la apelación al "conservadurismo compasivo" reivindicado por Cameron una vez de vuelta en el número 10 plantea un profundo dilema. La negociación que las encuestas anticipaban para garantizar las llaves de Downing Street generó un sentido de complacencia que llevó a pensar que los compromisos más reaccionarios se caerían por la inercia del acuerdo.
Doctrina thatcherista
Políticas inspiradas en la doctrina thatcherista, como la del "derecho a comprar", la reducción de la factura de Bienestar en 12.000 millones de libras o un armazón de Derechos Humanos británicos que sustituya a la legislación vigente anticipan desafíos para una administración con una exigua hegemonía de 12 diputados. Aunque la mayoría absoluta ha devuelto un sentido de orgullo a las bancadas conservadoras y, sobre todo, al liderazgo de un Cameron que creyó en su campaña donde el resto ponía su fe en la demoscopia, el premier tendrá difícil contentar a la gran coalición que forman los tories.
El delicado equilibrio obliga a aunar los tímidos intentos de modernización imbuidos por un líder que define ahora al partido como "el de los trabajadores" con las estructuras del liberalismo económico más avanzado y el peso de la justicia social de la tradición conservadora británica. El resultado más evidente se manifiesta en un Gabinete de halcones y palomas que deberá satisfacer las diferentes agendas ideológicas que conviven en el grupo parlamentario que lo sustenta. Para ello, Cameron se ha rodeado de un grupo de colaboradores leales que han comenzado a tejer, a su vez, una sutil red para blindar a un primer ministro que no sólo ha avanzado que no se presentará a un tercer mandato, sino que podría no concluir el actual.
El nuevo hombre fuerte del Gobierno es el ministro del Tesoro, quien confirma con un ascenso de facto como viceprimer ministro no sólo su posición destacada en la pole para tomar el relevo del líder, sino la prioridad que, una vez más, Cameron otorga a la economía. El indisociable tándem que forma con George Osborne obliga a remontarse a los años de Tony Blair y Gordon Brown como su vecino del número 11, si bien, a diferencia de las intrigas palaciegas de los dos expremier laboristas, la sociedad Cameron-Osborne funciona como una maquinaria engrasada cuyos miembros parecen complementarse públicamente tanto como tras los muros de Downing Street.
Como muestra, Osborne asume dos de las tareas más complicadas de la legislatura: renegociar el estatus de Reino Unido en la UE, con el propósito de abogar por la continuidad en el referéndum previsto, en principio, para 2017 y rehabilitar la salud de las finanzas públicas, un reto que obliga no sólo a llegar a 2020 con superávit, sino que testará el pulso de un ministro con las manos atadas por los anuncios de campaña. A priori, Osborne no podrá tocar dos tercios de la cesta tributaria, ya que Cameron prometió no subir ni IRPF, ni IVA, ni contribuciones a la Seguridad Social; deberá garantizar recortes de impuestos para 30 millones de trabajadores y, por si fuera poco, tendrá que decidir cómo repartir una reducción de gasto que, en términos reales, superará el 2 por ciento al año, es decir, un ajuste superior al de la pasada legislatura, que había sido acuñada ya como "el mandato de la austeridad".
La ambiciosa consolidación fiscal propuesta durante la carrera electoral pondrá a prueba la flexibilidad de un Gobierno que ya no tiene como referencia relativa los números de un Laborismo al que había acusado reiteradamente de irresponsabilidad en el gasto. La comparación ahora es con una administración que ha aplicado ya uno de los planes más austeros en tiempos modernos.
Los retos, además, implican solucionar dolencias enquistadas en el modelo productivo británico y carencias de la base electoral tradicional conservadora. Los intentos de reequilibrar un sistema excesivamente dependiente de los servicios continúan sin alumbrar el necesario impulso de los demás sectores y, como consecuencia, la recuperación comienza a resentirse. Unido a la localización del voto tory en el área meridional de Inglaterra, el nuevo Gobierno tendrá que combinar la diversificación productiva con la ampliación de sus miras territoriales para reconstruir su legitimidad en toda la geografía. La pasada semana, Osborne presentó ya un plan para las ciudades del Norte, bastiones tradicionalmente laboristas, pero el gran desafío vendrá del proceso de devolución a las naciones británicas.
