La representación en el exterior es una cuestión irrenunciable para el gobierno de Artur Mas. El ejecutivo catalán planea abrir nuevas embajadas en el extranjero, pese a que el Tribunal Constitucional suspendió en abril la ley catalana de Acción Exterior y dejó en el aire la apertura de sedes catalanas en Viena y Roma.
La puesta en marcha de nuevas delegaciones es una de las principales actuaciones que contempla el nuevo Plan de Acción exterior 2015-2018, con el que la Generalitat pretende "reforzar" la proyección internacional de Cataluña, según anunció ayer el portavoz del gobierno catalán Homs. Este plan recoge parte de la Ley que no fue impuganada.
Las primeras delegaciones se abrirán previsiblemente en el Vaticano y en Marruecos, aunque desde el Gobierno catalán no quieren concretar ubicaciones. Al margen de estas nuevas aperturas, el gobierno de la Generalitat da por hecho que podrán finalmente inaugurarse las embajadas que quedaron suspendidas (Roma y Viena).
Esquivar el veto
La puesta en marcha de nuevas delegaciones será posible gracias a que el artículo 15 de la ley catalana ( en este punto se establece la posibilidad de elaborar un plan de Acción Exterior) no fue impugnda por el Gobierno. "No sé si es que no lo vieron, pero no lo impugnaron. Es decir, que sigue vigente y nos permite activar este plan", dijo Homs.
El portavoz cree que, si no consideraron que pudiera ser inconstitucional ese punto en su primer recurso, ahora tampoco deberían impugnarlo. En marzo, el Gobierno pidió al Tribunal Constitucional que suspendiese de forma automática la Ley catalana, por vulnerar competencias exclusivas del Gobierno.
El Plan de acción exterior 2015-2018 fija cuatro grandes objetivos estratégicos, que pasan por internacionalizar la economía, la cultura y el conocimiento; reafirmar la vocación europeísta y mediterránea de Catalunya; contribuir a objetivos como la paz, la seguridad y los derechos humanos, y promover una diplomacia más moderna y eficaz.
Abandona los recortes y contratará más interinos
El gobierno catalán cree que la mejora de la situación económica permite relajar las medidas de contención de la plantilla pública. En este sentido, prevé no amortizar los puestos de trabajo vacantes por jubilación, con lo que se podrán cubrir, y contratar personal interino cuando no sea posible encontrar un sustituto para un lugar considerado "indispensable" con personal interno.
La Generalitat asegura que esta flexibilización de las restricciones a la hora de incrementar la plantilla no supondrá "en ningún caso" un aumento del gasto.
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