El aflojamiento del corsé de las reglas fiscales fue una de las banderas de la nueva Comisión Europea de Jean-Claude Juncker. A medias forzada por la necesidad de relanzar el anémico crecimiento y la presión de los socialistas que pedían el gesto a cambio de su apoyo en la investidura, el nuevo Ejecutivo comunitario retorció las reglas con una nueva interpretación más benigna que plasmó en una comunicación el pasado enero.
Este empleo más flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que limita el déficit al 3% del PIB y la deuda al 60% del PIB) quedó pontificado con la nueva prórroga dada a Francia (la tercera) para cumplir con su déficit y la vista gorda con Italia en sus problemas para reducir su hiperabultada deuda del 130% del PIB.
Esta flexibilización de las reglas, que precisamente lideraron desde el pasado verano Paris y Roma, sólo fue aceptada a regañadientes por los halcones de la disciplina fiscal, que encabezan Alemania y Finlandia. En vísperas de que arranque el ciclo anual de recomendaciones a las capitales en el campo de las reformas y los ajustes fiscales, el frente de los 'duros' ha decidido contraatacar en una batalla que no dan por terminada y con una enorme carga política de fondo y potenciales consecuencias económicas.
Reformas como condición
Los servicios legales del Consejo, que agrupa a los países, ha preparado una opinión en la que cuestionan la legalidad de la cláusula más ambiciosa de la nueva interpretación de la Comisión. Según algunas fuentes diplomáticas, fue el Gobierno germano el que solicitó el documento. El Ejecutivo comunitario indica en su comunicación de enero que el simple anuncio de reformas estructurales será suficiente como un "factor relevante" para aflojar el puño, siempre que el estado miembro presente un plan de reformas "adoptado por el Gobierno y/o el parlamento nacional, y que contenga información detallada y verificable, así como un calendario para su aplicación".
Sin embargo, los servicios del Consejo plantean que, para que las reformas estructurales puedan considerarse como un factor para relajar el ajuste fiscal, deben ser adoptadas por las autoridades nacionales "a través de provisiones de fuerza legal, ya sea legislativa o no". En otro punto relacionado, el documento complementa al decir que "un plan anunciando reformas previstas, como una simple manifestación de intenciones políticas o deseos, no cumpliría por tanto los requerimientos".
Este cuestionamiento legal envía una señal peligrosa a los Gobiernos en la cuerda floja, como París, Roma, pero también Madrid. Pero sobre todo avecina una tormenta mayor durante los próximos meses entre los "duros" y el Ejecutivo comunitario.
El Consejo está preparando su propia interpretación, que quedará recogida en su nueva versión de las directrices para aplicar el pacto de Estabilidad. Mañana, durante el desayuno del Ecofin (la reunión de los ministros de Finanzas de los 28), se abordará este asunto principalmente para aprobar el calendario de los trabajos, que se quiere concluir este otoño a través de los 'números dos' de los Ministerios de Finanzas (el Comité Económico y Financiero). La intención es que la nueva interpretación del Consejo sirva para salvar las distancias entre el estiramiento legal de la Comisión y el enrocamiento del grupo que encabeza Berlín. Adelantando la pelea por venir, fuentes del Gobierno alemán indican a El Economista que el texto de la Comisión no puede ser el punto de partida para la versión del Consejo, y avisan que pondrán todo su empeño en limitar el aflojamiento de la disciplina capitaneado por el Ejecutivo comunitario.
Apoyo al crecimiento
Por su parte, la Comisión insiste que su interpretación del Pacto de Estabilidad no sólo es "legalmente sólido", sino que además, gracias a esta interpretación, se estaba apoyando la inversión y el crecimiento que empieza a repuntar en Europa. No tienen intención de cambiar ni una coma de su comunicación sobre la flexibilidad en el uso del Pacto de Estabilidad. Más aún, entre sus filas se ve la mano alemana detrás de la filtración de la opinión legal del Consejo, ocurrida la pasada semana aunque el documento era del 7 de abril, en vísperas de que se publiquen este miércoles las recomendaciones a los Estados miembros.
Si bien desde el lado de la Comisión se dice que la controversia es "una tormenta en un vaso de agua", resulta claro que el tema incomoda. La Comisión, que propone las reformas y los ajustes fiscales, y el Consejo, que las aprueba o las corrige, podrían terminar con dos interpretaciones diferentes del Pacto de Estabilidad, un "ancla para la confianza", según el BCE y Berlín, justo cuando Europa pelea por mantener esta confianza en su recuperación.
De manera preventiva la Comisión ya ha marcado su terreno avisando que no tiene intención de cambiar su interpretación sobre la flexibilidad de las reglas fiscales. Fuentes del Ejecutivo comunitario señalan que la nueva versión del "código de conducta" que prepara el Consejo es un documento sin valor legal. Sin embargo, el documento tendrá el valor político de encapsular la posición de los estados miembros y podría terminar por corregir la del Ejecutivo comunitario. ¿Qué pasaría si las capitales y la Comisión terminaran con dos visiones sobre la aplicación de las reglas en el caso de un país con una situación dudosa? se le preguntó a un alto responsable comunitario. Tras momentos de duda, sugirió que seguramente el caso terminaría en la corte de Luxemburgo.
