El sector público ha hecho un esfuerzo por mantener los servicios fundamentales durante la crisis, a pesar de la caída del PIB y de los ingresos públicos. En cualquier caso, el gasto real por habitante en lo que a servicios públicos fundamentales se refiere se ha reducido durante la crisis, desde 2009, un 21% en sanidad y un 22% en educación. Además, existen notables diferencias entre las distintas comunidades: Asturias gasta 3.278 euros más por habitante que Canarias, por ejemplo.
La Fundación BBVA y el Ivie analizan las diferencias de gasto regional en educación, sanidad y protección social, unos servicios públicos fundamentales que representan el 60% del gasto público total. Una de las primeras conclusiones que se desprenden del informe es que los ajustes se han concentrado en los servicios gestionados por las comunidades autónomas: sanidad y educación, preservándose el gasto en pensiones y desempleo.
La otra es que las diferencias entre comunidades autónomas en gasto por habitante en educación, sanidad y protección social son abismales, pese a que las necesidades de los distintos territorios solo explican un tercio de esta desigualdad.
Por ejemplo, mientras Asturias destina 8.531 euros por habitante en servicios públicos fundamentales, Canarias dedica a tal fin 5.253 euros, a datos de 2013. La media española rondaba los 6.230 euros.
Según el estudio, las diferencias de gasto por habitante en educación alcanzan el 55%. En este caso, País Vasco es la comunidad que realiza un mayor desembolso en este sentido, de 1.224 euros. En el extremo opuesto se halla Madrid, con un gasto que asciende a 791 euros.
En otras palabras, mientras Extremadura y Andalucía son las comunidades que más porcentaje de su PIB dedican a educación (6,5% y 5,7%, respectivamente), la Comunidad de Madrid y Cataluña son las que menos (2,6% y 3,4%, respectivamente).
En cambio, las diferencias de gasto por habitante en sanidad alcanzan el 45%. Asturias encabeza la lista, con un desembolso de 1.714 euros y cierra la clasificación Andalucía, con un gasto de 1.182 euros.
Las divergencias de gasto entre comunidades autónomas se hacen más notables si hablamos de protección social. Mientras Asturias destina a tal fin 5.751 euros por habitante, Canarias se sitúa en último lugar, con 3.074 euros.
Niveles de partida muy diferentes
El informe del Ivie y la Fundación BBVA pone de manifiesto que todas las autonomías han ajustado los gastos durante la crisis, pero sus niveles de partida eran muy diferentes.
Por ejemplo, País Vasco, Asturias y Navarra gastan más tras los ajustes que otras comunidades antes de realizarlos, como Baleares, Canarias, Madrid, Valencia o Andalucía.
¿A qué se deben las diferencias?
No siempre las comunidades con más necesidades por habitante son las que más gastan. Y, según el informe, las diferencias de gasto por habitante entre las CCAA son mucho mayores que las diferencias de necesidad per cápita en servicios públicos fundamentales objetivables (porcentaje de niños o de ancianos, dispersión de población...).
Las divergencias de gasto por habitante existentes entre las autonomías están muy relacionadas con sus recursos financieros por habitante, que presentan una disparidad sustancial.
Entonces, ¿qué implican estas diferencias? "Las diferencias territoriales de gasto público no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos", ha afirmado el director de este informe, el catedrático de Análisis Económico de la universidad de Valencia, Francisco Pérez. A su juicio, esto es motivo de "preocupación" y "exige explicaciones".
Según refleja el documento, las diferencias de ingresos de las comunidades no se explican por sus distintas necesidades sino por razones históricas y políticas, como la foralidad o la valoración inicial de las competencias transferidas. Las elevadas diferencias de gasto por habitante entre CCAA permiten contar con distintas dotaciones de recursos humanos por usuario, al prestar los servicios sanitarios y educativos.
En opinión de los autores, estás diferencias de recursos cuestionan la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios públicos fundamentales de ciudadanos que viven en distintos territorios.
La importancia de los servicios
Otra de las conclusiones del informe es que las transferencias monetarias (pensiones, subsidios...) y en especie (servicios educativos y de salud) de los servicios públicos fundamentales son una parte importante de la renta de las familias. En España, en promedio, representan el 44% de su renta disponible ajustada.
El peso de estas transferencias en la renta familiar depende de la renta de la comunidad y del gasto en estos servicios públicos en cada territorio: según el siguiente gráfico varían entre el 53% de Extremadura y el 38% de Madrid.
Los autores del estudio han aclarado que estos servicios objeto de estudio son actividades relacionadas con la prestación y gestión de servicios de salud -asistencia primaria, especializada y hospitalaria, salud pública, investigación clínica-, educación -infantil, primaria, secundaria, postsecundaria y superior, becas, servicios auxiliares de la educación- y protección social -los derivados de la jubilación, la enfermedad e incapacidad, la edad avanzada, la protección a la familia, el desempleo, la vivienda, la exclusión social.
