El Ejecutivo prevé centrar el último tramo de la Legislatura en la buena marcha de la economía para desviar la atención de vaivenes que, como el caso Rato, afecten al epicentro del partido en el Gobierno. Embarcado en esa estrategia, concibió un eventual retraso de las elecciones hasta enero para rentabilizar el que será un buen ejercicio, según todas las previsiones macroeconómicas.
La consulta de Presidencia a la Abogacía del Estado derivó en la recomendación de fijar la cita con las urnas el 29 de noviembre de 2015, aunque no es la única fecha posible. Pero descartó un retraso a enero de 2016, ya que la fecha tope para celebrar las generales, según la mecánica electoral que marca el ordenamiento jurídico español, es el 20 de diciembre de este año. Sólo una interpretación legal muy laxa sobre cuándo se produce el cumplimiento de los cuatro años de mandato permitiría una cita electoral en enero.
Para el Gobierno retrasar al máximo la convocatoria de elecciones suponía poner un broche de oro a la Legislatura, pero según fuentes consultadas por elEconomista con acceso al documento de la Abogacía, la fecha tope del 20 de diciembre quedó descartada por el Ejecutivo, al situarse entre el puente de diciembre y la Navidad. Además, desde que rige la Constitución de 1978 nunca se han celebrado unos comicios generales en esas fechas.
Así, pues, la intención de Mariano Rajoy, manifestada el pasado agosto, de agotar la Legislatura le lleva a unas fechas poco propicias para una cita electoral, lo que unido a la intención de blandir los resultados económicos hizo pensar en exprimir los resquicios legales para estirar los plazos hasta enero.
Según la Constitución Española, el mandato de las Cámaras concluye a los cuatro años de su elección. Es decir, en este caso, el 20 de noviembre de 2015, ya que las elecciones precedentes se celebraron en la citada fecha de 2011. La Carta Magna dispone que las elecciones tendrán lugar entre los 30 y los 60 días posteriores al fin del mandato de las Cortes. Y el articulado de la Ley de Régimen Electoral General acota este plazo genérico, al indicar que -salvo adelanto electoral- 25 días antes del cuarto aniversario de los comicios anteriores ha de expedirse el decreto de convocatoria, que entra en vigor al día siguiente, al ser publicado en el BOE. Como máximo, 54 días después habrán de celebrarse las elecciones.
Con todo, si el Gobierno apurase al máximo la Legislatura, el decreto de convocatoria se impulsaría el 26 de octubre (25 días antes del 20 de noviembre), entrando en vigor al día siguiente, y la cita con las urnas tendría lugar el 20 de diciembre (54 días después). Celebrar las elecciones el 29 de noviembre, como propuso Abogacía del Estado, implicaría impulsar la convocatoria el 6 de octubre.
En ambos casos, el calendario obligaría a tener aprobados los Presupuestos para 2016 con una antelación inusual. Máxime cuando el Ejecutivo ya ha manifestado su voluntad de dejar las Cuentas para 2016 listas en vez de dilatarlas a una prórroga presupuestaria, como hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011. Algo que encaja con el acelerón que el Ejecutivo quiere dar a la actividad legislativa este verano.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, anunció el lunes que el Gobierno prevé que en julio y agosto haya actividad parlamentaria para avanzar en la tramitación de las últimas leyes que serán aprobadas antes de disolver las Cámaras. La intención es fijar sesiones extraordinarias en el Congreso y Senado. Se barajan dos Plenos en el Congreso en julio y al menos uno en el Senado, y en agosto se habilitarán comisiones para adelantar trabajo. Así, pues, la única posibilidad que tiene el Ejecutivo para soslayar una prórroga presupuestaria es impulsar el proyecto de ley de Presupuestos en verano. Una tarea para la que recabaría el apoyo de Bruselas, según explican fuentes políticas a este diario.
Presión insoportable
Expertos en comunicación política y Derecho Constitucional, consultados por elEconomista, explican que el pretendido retraso de las elecciones a enero de 2016 tendría un efecto negativo sobre la estrategia electoral del PP: la presión de la oposición se tornaría insoportable. El Ejecutivo, abonado al discurso de que recibió un país al borde del rescate y lo devuelve creciendo al 3 por ciento, debería enfrentarse a la oposición parlamentaria achacándole un retraso interesado de la cita con las urnas, justo cuando el bipartidismo tradicional se enfrenta a las elecciones más controvertidas, con nuevos y pujantes actores políticos que, como Ciudadanos, suman a sus propios votos, los procedentes del desencanto con el partido en el Gobierno.
