La identidad de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal, sean o no altos cargos, está blindada y no podrá conocerse. Son las conclusiones de los expertos consultados por elEconomista sobre la posibilidad de que existiera un resquicio legal que propiciara la salida a la luz de estos datos.
El caso Rato ha reavivado el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición en torno a la publicación de la identidad de los altos cargos que hayan podido acogerse a la amnistía fiscal impulsada por el ministro Cristóbal Montoro.
Mientras desde el Gobierno se persiste en la voluntad original de mantener el anonimato de los 30.000 amnistiados, todos los grupos parlamentarios de la oposición -y también Podemos- exigen conocer su identidad o, al menos, la de aquellos 715 contribuyentes que, como consecuencia de acogerse a la medida, han resultado investigados por encontrarse indicios de blanqueo de capitales. Y basan su exigencia en el riesgo de que en esas listas existan personas que puedan estar concurriendo a una próxima cita electoral como candidatos.
Otras fuentes consultadas por elEconomista explican que el hecho de que sólo el Ejecutivo tenga acceso a la relación de amnistiados e investigados por blanqueo puede derivar en filtraciones u ocultaciones interesadas. Frente a estas demandas, la ortodoxia jurídica conmina a no variar las reglas de juego a mitad de partida.
Con todo, los expertos encuentran dos únicas y muy remotas vías para que puedan publicarse las identidades de los cargos públicos que se acogieron a la amnistía fiscal. Por una parte, la solución sería constituir una comisión de investigación en el Congreso o en el Senado y que ésta solicite los datos.
Pero los registros facilitados no podrían salir del ámbito de esas comisión ni hacerse públicos. Otra opción, también improbable, sería cambiar o crear una Ley Orgánica que esté por encima de la Ley General Tributaria para permitirlo. Pero también advierten los analistas fiscales y jurídicos consultados que cualquiera de las dos alternativas está prácticamente descartada y no se llevará a la práctica. Explican, además, que el problema es que la amnistía fiscal del Ejecutivo popular se diseñó mal en origen: no se hizo bien técnicamente y se presentó de forma confusa. Otra cosa es, indican, que desde el primer momento se hubieran definido otras condiciones.
Como derivada, los expertos apuestan por incluir penas más fuertes para aquellas personas, cargos públicos o con responsabilidades de este tipo que cometan delitos de blanqueo y similares.
Recaudar más de los 30.000
Ciudadanos, que esta semana presentó las líneas de su programa económico en materia tributaria, propone legislar para obligar a pagar más impuestos a los acogidos a la aministía fiscal en 2012.
Así, el partido naranja de Albert Rivera prevé recaudar hasta 2.800 millones de euros sólo en 2016 gravando la parte de rentas afloradas que quedó fuera de tributación en la amnistía.
