El ministro Cristóbal Montoro recibió información puntual y detallada de la Agencia Tributaria sobre la apertura y elaboración del expediente sobre delito fiscal del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, así como de su remisión a la Fiscalía de Madrid para su traslado al juez. La Audiencia revisa la fianza de 800 millones impuesta a Rato y cuatro directivos por Bankia.
Así, lo corroboraron este jueves los numerosos inspectores de Hacienda consultados por elEconomista, que coincidieron en señalar que "el ministro ha reivindicado su derecho enterarse de todos los expedientes con trascendencia".
Evasivas del Gobierno
Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, evitó desvelar si el Gobierno conocía previamente que Rato iba a ser detenido durante el registro de su vivienda y su despacho por agentes de la Agencia Tributaria y pidió respeto al trabajo de las instituciones.
"Ya hemos leído todos demasiados análisis y comentarios, ahora hay que dejar trabajar a las instituciones y el Estado de Derecho", defendió el ministro durante un acto del 20 aniversario de Autocontrol en Madrid al ser preguntado por las informaciones que señalan que fue él quien avisó por teléfono al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que Rato iba a ser detenido. Catalá eludió en dos ocasiones decir si esa información es cierta.
Junto a estas evasivas, varios diarios explicaron que Rajoy le comentó a Catalá que no sabía nada del asunto hasta que éste se lo comentó y que a la presidenta de Bankinter, sobre si no se estaba juzgando al exministro antes de tiempo, le contestó que el Gobierno no ha tenido nada que ver con la operación y que se había enterado de la misma por la prensa.
Diversos funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), explicaron, además, la estrecha relación que existe entre la actual directora de este departamento, Margarita García Valdecasas, y el actual director del la Agencia, Santiago Menéndez, a quien sustituyó en el cargo.
Según estas fuentes, Menéndez mantiene una dependencia funcional con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con quien se relaciona habitualmente en el desempeño de sus labores al frente de la Agencia Tributaria.
También, el director de la Inspección, Luis María Sánchez, suele informar al director de la Agencia de los expedientes más importantes, según han explicado los inspectores consultados. Tanto García Valdecasas como Sánchez estamparon sus firmas en el informe remitido el pasado día 15 a la fiscalía.
Dimisiones y relevos
Se da la circunstancia de que Sánchez fue designado director de la Inspección en diciembre de 2013, que sustituyó a Luis Jones, que había dimitido alegando serias diferencias con el director general, al entender que invadía ámbitos de decisión de la Inspección.
Esta dimisión fue el desenlace de una serie de tensiones iniciadas por el cese de la inspectora y el jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes Ignacio Ucelay, por no haber consultado sobre la resolución sancionadora abierta a la multinacional Cemex.
Finalmente, los inspectores consultados explicaron también las "sospechosas coincidencias" que presentaba el informe entregado por la Agencia Tributaria al juez Ruz con el argumentario realizado por el hermano del director de la Agencia Tributaria, Rogelio Menéndez (que trabaja en el Gabinete del Montoro), en su argumentario sobre por qué el PP no cometió delito fiscal en el asunto de las donaciones y sobre la colaboración leal y continuación la Administración de Justicia, "cuando así lo requieren lo tribunales, en las investigaciones judiciales".
En el argumentario de Menéndez se afirmaba que "la Agencia Tributaria ha sido dura cuando ha localizado delito, con independencia de los agentes afectados" y se aseguraba que se habían emitido, hasta ese momento, cuatro informes. Entre ellos dos relativos a la tributación de supuestas donaciones presuntamente irregulares.
También, recordaba que se había remitido al juzgado un informe elaborado por un funcionario del auxilio, de acuerdo con lo que dicho profesional había entendido que solicitaba el juzgado, declarándolo a disposición del juez para realizar las aclaraciones pertinentes, como si Rogelio Menéndez hablase en nombre de la Agencia Tributaria.
Una muestra más de la fluidez de relaciones con que operan el equipo del ministro Montoro y la cúpula de la Agencia Tributaria, según indican las fuentes consultadas.
Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, presentó este jueves la copia de la causa contra Rato tanto al juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, como a la Audiencia Provincial de Madrid, que es a la que corresponde resolver el recurso presentado contra su decisión de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional.
El recurso de apelación ha recaído en la Sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. El envío, realizado por el juez Serrano-Artal, incluye la querella inicial de la Fiscalía de Madrid, los documentos obtenidos en los registros realizados tanto en el domicilio de Rodrigo Rato como en su despacho profesional, más otras informaciones aportadas a la causa por la Agencia Tributaria.
El juez se inhibió el pasado lunes a favor del Juzgado Central de Instrucción número 4, de la Audiencia Nacional, que tiene imputado a Rato por el Caso Bankia y en la causa sobre las tarjetas black, al considerar que existen nexos entre las causas.
El magistrado Andreu, que según fuentes jurídicas, esperará a conocer la resolución de la Audiencia de Madrid antes de contestar al juez Serrano-Artal.
La Fiscalía solicitó medidas urgentes
La Fiscalía de Madrid solicitó al juez del Juzgado de Instrucción, que autorizó el registro del domicilio y el despacho de Rodrigo Rato (el 35 de Instrucción) que actuara de forma urgente para evitar que el exvicepresidente vendiera sus bienes muebles, según informó este jueves Europa Press, citando fuentes jurídicas.
El fiscal pidió al juez que practicara un asiento registral para que constara en el Registro de la Propiedad que las propiedades estaban sujetas a una investigación judicial. El juez decidió no ordenar esta medida al considerar que no era urgente y que la medida debía adoptarla el instructor .
