Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Industria están preparando una Estrategia de Defensa Energética, que permita garantizar un triple objetivo: una oferta adecuada a precios asumibles, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad de las instalaciones y las redes de transporte.
Este plan de defensa, incluido dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional, se hace especialmente urgente, en el caso particular de los hidrocarburos y del gas, ante la inestabilidad geopolítica de las zonas productoras del Norte de África de Oriente Medio.
Inestabilidad geopolítica en lugares clave
De hecho, el Gobierno admite al detallar los riesgos y amenazas para la seguridad nacional que "la actividad terrorista que se desarrolla en algunas zonas productoras de gas y petróleo supone un factor adicional de riesgo, que compromete la seguridad energética desde el punto de vista de la oferta".
Por otra parte, la distribución de estos recursos energéticos "es vulnerable", debido a su transporte por vía marítima a través de puntos críticos como el Estrecho de Ormuz o el Canal de Suez, por lo que "cualquier bloqueo deliberado o accidental tiene efectos muy negativos en el mercado internacional y se puede traducir en interrupciones del abastecimiento para los países consumidores".
Tres frentes importantes
Es por ello que, con objeto de prevenir y hacer frente a estas amenazas, la estrategia que está diseñando el Ejecutivo se dirige a tres frentes de actuación: el abastecimiento, la distribución y el consumo.
En materia de abastecimiento, las líneas de acción de estratégica incluyen la ampliación de las fuentes de energía "más allá de los combustibles fósiles y de la energía nuclear" mediante el apoyo a las energías renovables; el impulso de una política común energética europea que potencie las interconexiones entre los estados miembros y el impulso a la investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos para la extracción de estos recursos en nuestro territorio.
Respecto a las actuaciones en distribución se trabaja en el refuerzo del control de las comunicaciones tanto marítimas como terrestres, potenciar las diferentes formas de almacenamiento a través del aumento de la capacidad instalada de bombeo y hidráulico y de almacenamiento de gas; y desarrollar la colaboración público-privada para garantizar el suministro en caso de que las infraestructuras críticas se vean afectadas.
Se trabajará también en la potenciación de la flexibilidad operativa del sistema nacional de redes de transporte de energía, y la revisión de los planes de canalización y priorización de la demanda en caso de interrupción o escasez en el suministro, de forma coordinada con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Unión Europea. Y, al mismo tiempo, procederá a una mejora de la fiabilidad de las redes de abastecimiento de gas, del sistema de transporte y distribución del petróleo y del sistema eléctrico.
Finalmente en materia de consumo la estrategia se dirige a impulsar la sostenibilidad energética a través de actuaciones que contemplen los aspectos fiscales, medioambientales y el uso eficiente de los recursos disponibles. Y, por otra parte se desarrollaran propuestas de actuación para favorecer un marco regulatorio armonizado, transparente y objetivo que incremente la seguridad jurídica y la competitividad de las empresa del sector.
