Un informe elaborado recientemente por el Banco de España revela que tanto el Plan de Pago a Proveedores, como el Fondo de Liquidez Autonómico han supuesto un importante balón de oxígeno para la economía, toda vez que han servido para aliviar de forma notable la situación de los proveedores públicos.
El organismo cifra entre tres y seis décimas el efecto sobre el PIB de los mecanismos puestos en marcha entre 2012 y 2014 y eleva a entre cuatro y siete décimas el impacto positivo sobre el empleo para ese mismo periodo.
Los sucesivos planes puestos en marcha por el Ministerio de Hacienda han permitido desbloquear pagos y canalizar fondos al sector privado por valor, casi, de 67.000 millones de euros en algo menos de tres años, lo que según la entidad ha generado "un estímulo significativo sobre la actividad".
El total de las obligaciones pendientes de pago de las Administraciones Públicas se situaba en 57.100 millones de euros en 2007, antes de iniciarse crisis. Esta cifra se disparó, posteriormente hasta 87.300 millones de euros en 2011 (algo más del 8 por ciento del PIB) y una vez puestos en marcha los mecanismos de liquidez, esta deuda se redujo hasta los 58.700 millones de euros (el 5,6 por ciento del PIB) en 2013.
Con estos datos sobre la mesa, la entidad dirigida por Luis María Linde considera que "las medidas de reducción de la deuda comercial puestas en marcha han supuesto una inyección de liquidez a las empresas y familias, en un contexto de debilidad económica generalizada, consolidación fiscal y dificultades de acceso al crédito por parte de los agentes económicos".
Comparativa europea
En 2011, las cuentas pendientes de pago de las administraciones públicas en relación al PIB alcanzaron su punto máximo en España, en ese 8 por ciento que nos colocaba por encima del 6 por ciento de media en la Unión Europea, del 5 por ciento que esas obligaciones representaban en Italia o del 2 por ciento que suponían en Reino Unido. Especialmente significativos son los casos de Francia, con una deuda comercial que equivalía entonces al 10 por ciento de su PIB, y de Alemania, donde la cifra era apenas inapreciable.
A partir de 2012 y especialmente en 2013, el efecto del manguerazo que suponen, tanto Proveedores, como el Fondo de Liquidez Autonómico, provoca un descenso de las cuentas pendientes de pago en nuestro país a niveles por debajo del promedio europeo. Es decir, en el entorno del 5 por ciento del PIB y aproximándose a los niveles existentes en Reino Unido o Italia.
Plazos medios de pago
Las encuestas realizadas por Intrum Justitia a las empresas en toda Europa revelan hasta qué punto existe heterogeneidad en los periodos medios de pago públicos entre los distintos estados. En España e Italia y, antes de la crisis, ese periodo rondaba los 80 días, frente a los 31 días de Alemania y Reino Unido. Hacia 2011 la crisis había aumentado esos periodos en una medida de 30 días en el caso de nuestro país.
Tres años después, con la puesta en marcha plena de los mecanismos de liquidez y, con la Ley de Morosidad, esos periodos medios de pago se han reducido, de media entre enero y noviembre de 2014 a 11 días en el caso del Estado, a 58 en el de las comunidades autónomas y a 27 días en el de las entidades locales.
De este modo, y según los datos de los que dispone el Ministerio de Hacienda, únicamente una administración estaría incumpliendo lo estipulado en la Ley de Morosidad, la administración autonómica.
Reparto de nuevos fondos
La semana pasada, el Gobierno confirmó el reparto de los dos nuevos instrumentos de financiación, el nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y de la Facilidad Financiera, éste último pensado para las comunidades autónomas que cumplen sus objetivos de déficit, deuda y el periodo medio de pago a sus proveedores, pero que esperan lograr una financiación más barata de la que podrían lograr accediendo por sus propios medios a los mercados. Los dos han sido dotados con un total de 28.942 millones de euros, es decir, con 11.337 millones para la Facilidad y con 17.605 millones para el Fondo de Liquidez.
Únicamente dos autonomías han optado por no adherirse a estos mecanismos, País Vasco y Madrid. En el caso de la comunidad presidida por Ignacio González prefiere no someterse al mayor control que requiere la incorporación a la Facilidad Financiera y buscar por sus medios esa liquidez en los mercados, una financiación que no le está costando lograr, dada su mejor situación.
Cataluña y Comunidad Valenciana son las dos regiones que más dinero perciben de los 28.942 millones de euros totales, en conjunto, un 53 por ciento de esa cantidad. Cataluña recibe 8.258 millones y Comunidad Valenciana 7.168 millones. Les sigue a la zaga Andalucía, aunque en su caso, la financiación la recibe de la Facilidad, dado que ha cumplido los objetivos exigidos por el Ejecutivo Central para ello.
