Economía/Energía.- Facua pide a Industria que actúe frente a las gasolineras sin empleados

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Facua-Consumidores en Acción ha pedido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que adopte medidas "contra la proliferación de gasolineras desatendidas", en las que no hay empleados y en las que se vulneran "los derechos de los consumidores".

En una nota, la asociación asegura que la ausencia de personal en el abastecimiento de combustible imposibilita la verificación de que se surten las cantidades indicadas, así como la presentación de una hoja de reclamaciones o la petición de una factura.

Facua, que también advierte del "riesgo grave para la seguridad" de este tipo de gasolineras 'low cost', ha presentado un escrito ante Industria denunciando estos aspectos.

La ausencia de medios humanos en este tipo de establecimientos, asegura, vulnera los derechos y la seguridad de los consumidores recogidos en el artículo 8 del Real Decreto Ley 1/2007.

Además, en estas instalaciones "se traslada absolutamente la responsabilidad de la seguridad al consumidor", lo que también supone una infracción de la regulación, sostiene la asociación.

DISCRIMINACION AL DISCAPACITADO.

De hecho, la legislación establece que "las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control preceptivos para cada tipo de instalación".

Facua también denuncia que las gasolineras desatendidas vulneran especialmente la protección a las personas con algún grado de discapacidad, un aspectos que persigue el Real Decreto Ley 1/2013.

En esta norma se indica que "todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad".

Estas gasolineras sin empleados contravienen además, desde el punto de vista de la asociación, la normativa de tres comunidades autónomas, que son Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha, ante cuyas autoridades de consumo se ha denunciado la vulneración de los derechos de los usuarios.

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