MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) ha criticado al Gobierno por desoir las reclamaciones para solucionar el problema que supone la finalización de los contratos de los locales de renta antigua a partir del 1 de enero de 2015.
En un comunicado, UPTA recuerda que la ley vigente de Arrendamientos Urbanos de 1994 impuso una moratoria de 20 años para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
Según UPTA y a pesar de las reclamaciones de sectores económicos, sociales, sindicales y políticos, el Gobierno no ha querido aceptar las propuestas de soluciones parciales ofrecidas y defendidas especialmente desde la Plataforma de Afectados por la finalización de los contratos de renta antigua 'No al Cerrojazo'.
Así, muchos comercios se verán obligados a cerrar el 1 de enero por decisión unilateral de los propietarios. "En el mejor de los casos tendrán que intentar negociar un nuevo contrato de arrendamiento con un incremento de renta de tal magnitud que en el contexto actual de profunda y persistente crisis económica hará inviable su supervivencia", advierte.
En concreto, UPTA señala que a principios de 2014 esta situación afectaba a más de 100.000 locales comerciales y avisa de que más de 60.000 no tendrán resuelto el problema antes de que acabe el ejercicio, lo que "pone en peligro" el trabajo de los autónomos titulares de los negocios, pero también de casi 180.000 empleos.
Por este motivo, considera "más importante que nunca" la continuidad de la Plataforma, ya que puede haber resquicios legales que permitan el mantenimiento de algunas actividades. Para conseguirlo, está poniendo en marcha los servicios jurídicos que permitan atender a los afectados.
Además, trasladará propuestas a CC.AA. y ayuntamientos para compensar los daños a estos sectores comerciales, reforzar la defensa de los patrimonios comerciales históricos y posibilitar sistemas de mediación y arbitraje entre arrendadores y arrendatarios para llegar a acuerdos consensuados.
El objetivo, según la organización. es "que no haya ni un solo desahucio por la aplicación de esta Ley". "Que todos estos locales permanezcan abiertos es la mejor forma de cuidar, no solo los intereses económicos y sociales de los afectados y sus trabajadores, sino también la calidad de nuestro comercio y el urbanismo de nuestras ciudades", ha señalado el secretario Institucional de UPTA, César García.
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