El Gobierno gallego constituirá un fondo con 350 millones de euros para garantizar que los empleados públicos puedan ir recuperando "de manera paulatina" hasta el año 2018 la totalidad de las pagas extras, una medida que se materializará en una nueva Ley del Empleado Público, aprobada ayer. Así, dentro de tres años tendrán una situación salarial previa a los recortes asociados a la crisis económica en cuanto a pagas.
Además, adelanta a 2015 el abono de toda la parte devengada de la extra eliminada por el Gobierno central en la Navidad de 2012, pues ya estaba decidido abonar la mitad en enero y ahora se añade que se pagará el resto cuando se apruebe en el Parlamento la nueva norma del Empleo Público, en el primer semestre del próximo ejercicio.
De esta forma, en 2015 el Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo destinará 40 millones para este pago y entre 2016 y 2018 aportará los 310 millones restantes, cada anualidad una cantidad mayor que la anterior, con lo cual la Xunta asegura que los empleados públicos recibirán cada año un salario mayor en los próximos cuatro años. La cifra concreta en 2016, 2017 y 2018 irá en cada Presupuesto.
Devolución de la paga extra
Con esta suma, el Gobierno gallego devolverá la totalidad de la paga extra de Navidad eliminada en 2012 y recuperará el complemento específico que eliminó el Ejecutivo autonómico en las dos extras desde 2013. Así, en 2018 los empleados públicos habrán recibido la totalidad de la extra suprimida por el Gobierno de Mariano Rajoy y tendrán completas las dos extras de cada año por primera vez desde 2011.
Los sindicatos de la Función Pública acogieron este anuncio con escepticismo, pues lo consideran "electoralista" y recelan de esta recuperación "paulatina".
Además, Galicia se convertirá con la nueva Ley de Empleo Público en la primera comunidad que suprima el Plus de Altos Cargos, creado en 2007 y que los empleados públicos cobraban al dejar su puesto en el Gobierno, pero que ya estaba suspendido desde 2012. Esta eliminación es una reivindicación de las centrales sindicales.
Facilita la movilidad
La nueva ley que regulará la Función Pública gallega adaptará la ley autonómica al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y permitirá tener un marco común para el conjunto de empleados públicos de la región (120.000 trabajadores), además de facilitar la movilidad entre Administraciones Públicas.
Por su parte, la responsable de Función Pública, Elena Muñoz Fonteriz, recordó que la nueva norma es una demanda histórica de los funcionarios y sustituye una ley que se arrastra desde 1988 por otra "del siglo XXI", que "moderniza" la Administración para prestar "mejor servicio público".
La extra se devolverá en metálico