El Parlamento de Cataluña aprobó ayer la presentación en el Congreso de una proposición de ley para instaurar el nivel C de catalán como un requisito imprescindible para jueces, fiscales, secretarios judiciales y resto de personal al servicio de la administración de la justicia en Cataluña. La iniciativa de CiU fue aprobada por todos los grupos parlamentarios catalanes excepto PP y Ciutadans.
El texto aprobado afirma que el conocimiento de las lenguas cooficiales no puede ser "un simple mérito" para proveer plazas porque eso no garantiza su uso, por lo que pide que el personal domine el idioma de manera efectiva. Según la diputada de CiU Elena Ribera, debe cumplirse "la exigencia" que fija el Estatut y que sigue vigente pese al recorte del Tribunal Constitucional (TC).
Por su parte, la republicana Gemma Calvet recordó que la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias establece garantizar el uso de las lenguas en las instituciones públicas, por lo que ha considerado que "el descenso del uso del catalán es por culpa de la falta de garantías legales". Sin embargo, la diputada de la CUP, Isabel Vallet, reconoció que, aunque la medida incentive el uso del catalán en la justicia, la propuesta "no tendrá ningún impacto, porque el Estado lo echará atrás y lo recurrirá a su Tribunal Constitucional".
Rechazo de PP y Ciutadans
En el bando contrario se situó el popular Sergio Santamaría, que aseguró que CiU quiere "una justicia nacionalista" y una Cataluña monolingüe. Carmen de Rivera, de Ciutadans, criticó que se priorice "el catalán sobre la competencia de los jueces".