La Generalitat seguirá adelante con su decreto de pobreza energética, pese a la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional (TC) tras admitir a trámite el recurso del Gobierno central sobre la normativa, ha remarcado este miércoles el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig.
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, el consejero ha calculado que el decreto podría beneficiar a entre 50.000 y 70.000 familias catalanas, lo que supondría un coste estimado de entre 20 y 25 millones al año.
Ha tachado de "disparate" el recurso interpuesto por el Ejecutivo central, bajo el criterio de una unidad de mercado, que deja de lado a las personas en riesgo de exclusión social, ha opinado el consejero, que ha explicado que el Govern busca recursos para sufragar estos costes, en colaboración de servicios sociales de ayuntamientos.
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