Las delegaciones de Izquierda Unida y Comisiones Obreras han mantenido una reunión en la que han coincidido en la necesidad de promover una reforma fiscal "alternativa y radicalmente diferente" a la presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, IU y CC.OO. han apostado por una reforma "suficiente", que garantice los ingresos necesarios para mantener unos servicios públicos de calidad y las políticas económicas y sociales que precisan los ciudadanos.
"El sistema fiscal es, antes que nada, una decisión política, que establece la orientación del modelo de sociedad que se quiere construir; frente a las fórmulas de exclusión y desigualdad es posible anteponer alternativas de crecimiento y redistribución de la renta más favorables a la mayoría social", sostienen.
Además, piden una reforma "progresiva" que dé cumplimiento al mandato constitucional que obliga a que cada ciudadano aporte según su capacidad económica, y que sea "equitativa y justa", de manera que se reequilibren los derechos y obligaciones de todos y la carga fiscal entre las rentas del trabajo y las rentas del capital.
Asimismo, consideran que la reforma tiene que estar "legitimada socialmente" para que la ciudadanía perciba el sistema tributario "con cercanía y de manera comprensible". Para conseguirlo, hay que poner en marcha medidas que los ciudadanos relacionen con la eficacia, la racionalidad, el rigor y el buen uso del gasto público.
Junto a estos principios básicos, IU y CC.OO. creen que la reforma se debe completar con instrumentos que garanticen su eficacia, como la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la elusión fiscal. "La mera existencia de estos fenómenos supone uno de los principales problemas de equidad y legitimación que presenta nuestro actual sistema tributario", explican.
En este contexto, rechazan la reforma fiscal del Gobierno porque ahonda en la inequidad y en un reparto desigual de las cargas, tanto entre trabajadores y rentas del capital, como entre los distintos niveles de renta de las personas, ya que beneficia especialmente a las más altas.
Además, creen que la propuesta del Gobierno no permite garantizar los ingresos necesarios que el Estado precisa para mantener servicios públicos de calidad y políticas económicas y sociales de reactivación del empleo.
