Economía/Turismo.- Turismo dice que lo ocurrido en Estepona "no es favorable" pero no cree que "vaya a repercutir"

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, afirmó hoy que "cualquier situación" como la ocurrida en Estepona (Málaga), donde han sido detenidas hasta el momento 25 personas en una operación contra la corrupción urbanística, "nunca es favorable", aunque añadió que cree que "no debe de repercutir" en el turismo.

En rueda de prensa en San Fernando (Cádiz), Alonso señaló en este sentido que la operación contra la corrupción urbanística de Marbella "no tuvo efecto y fue mucho más larga", por lo que manifestó que espera que esta tampoco tenga repercusión.

Asimismo, manifestó que tenía la "sensación de que este tipo de acontecimiento dañan", ya que argumentó que le gusta que Andalucía "destaque en España y el mundo por la capacidad de atracción que tiene una comunidad autónoma que domina todos los segmentos, como el sol y playa, interior, cultura, historia o medio ambiente".

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, desarrollaron un amplio dispositivo policial contra la corrupción urbanística en Estepona, en el que se detuvo hasta ahora a 25 personas, entre ellas a los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios.

La operación, bautizada con el nombre de 'Astapa' y que ha sido coordinada por dicho juzgado y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se extiende también en las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. En la capital vizcaína fue detenido un abogado y se practicaron dos registros.

Entre los detenidos están los principales responsables de la corporación municipal, como el alcalde, Antonio Barrientos, y varios concejales, tanto del actual equipo de Gobierno como de otros anteriores; además de técnicos como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete, José Flores; abogados y empresarios. El presidente del Grupo Prasa, el empresario cordobés José Romero González, fue requerido para prestar declaración en el juzgado para facilitar información, según indicaron desde la empresa.

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