El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha dado luz verde a la ley catalana de consultas que el Parlament prevé aprobar en septiembre. Esta institución de la Generalitat, que vela por la adecuación de las leyes al Estatuto y a la Constitución, ha avalado sin unanimidad el dictamen sobre la proposición de ley de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana que la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament aprobó en julio.
Tras esta validación, la ley se someterá a su aprobación definitiva en el pleno de la cámara catalana del próximo mes de septiembre, que previsiblemente se aprobará con los votos de todos los grupos, excepto PPC y Ciutadans. En su resolución, el CGE considera que la futura ley de consultas, que servirá al Gobierno catalán como marco legal para convocar la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre, no vulnera la Constitución ni el Estatuto.
Votos particulares
Así se desprende del dictamen, realizado tras la petición de los partidos proconsulta (CiU, ERC, ICV, CUP) y después de que PP y PSC pidieran que se pronunciara sobre la doble pregunta. Cuatro de los nueve miembros del CGE -Pere Jover, Eliseo Aja (PSC), Marc Carrillo (ICV) y Carles Fernández (PP)- han mostrado sus discrepancias sobre la constitucionalidad de todo el texto, mientras que el presidente Joan Egea (CiU), Àlex Bas y Francesc de Paula Caminal, (CiU) y Jaume Vernet y Joan Ridao, (ERC) han apoyado el texto en su integridad.
El dictamen señala que "el sistema constitucional español no prohibe en ningún lugar que la Generalitat pueda consultar a la ciudadanía sobre cuestiones que son de su interés y competencia si lo realiza amparada en una competencia propia (artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) y lo hace con un procedimiento distinto y unas consecuencias diferenciadas del referéndum". El órgano consultivo no se ha pronunciado sobre la doble pregunta del 9N porque considera que esta cuestión no está incluida en la norma examinada y al entiende que su naturaleza es la de un acuerdo de índole política. Pere Jover (PSC) considera que "la proposición de ley regula un instrumento de participación que, bajo la denominación de consultas populares no refrendarais, presenta las características sustanciales del referéndum". Eliseo Aja (PSC) manifiesta su disentimiento porque "entiendo que se trata de un tipo de referéndum simulado, que carece de la habilitación y de las garantías exigidas por la Constitución y el Estatuto, y no se puede considerar como una simple consulta no refrendaria".
Por su parte, Marc Carrillo (ICV), menciona que "la vulneración de la Constitución y del Estatuto se produce por la regulación que el texto legislativo hace a través de un explícito llamamiento al electorado, para que a través del derecho de sufragio, los ciudadanos expresen su opinión sobre un tema de interés general". Finalmente, Carles Jaume Fernández (PP) expone que "la proposición de ley no tiene cabida en el marco constitutivo vigente".
