La base de datos señalará a las personas y las empresas sancionadas por mal uso de las ayudas. Autonomías, ayuntamientos y partidos estarán obligados a suministrar información a la 'web'.
El Gobierno quiere poner en marcha cuanto antes lo que ha denominado como 'portal de la transparencia', para que toda la ciudadanía sepa quién cobra subvenciones del Estado y, en su caso, quién hace un mal uso de ellas.
Así, el Gobierno publicará en un portal de Internet el nombre de las personas o entidades beneficiarias de ésas y otras ayudas públicas que hayan sido concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos y entidades vinculantes o dependientes a partir del año 2014. Del mismo modo, los internautas podrán consultar "el nombre y apellidos o la denominación o razón social" de los posibles infractores.
La iniciativa emana de una enmienda del Partido Popular a la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que en el Pleno del Senado del pasado mes de julio se concretó en dos transaccionales. Estas últimas fueron aprobadas tras obtener el apoyo de varios grupos parlamentarios.
El texto establece que la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) "operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones" y "servirá de medio electrónico" para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la ley de Transparencia aprobada en diciembre del pasado año, impulsada con especial implicación por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En concreto, se recoge que la BDNS dará publicidad a estas prestaciones "con indicación de la convocatoria, beneficiario e importe concedido". Eso sí, la publicación de subvenciones concedidas se restringe a cuando facilitar los datos del interesado sea "contrario al respeto y salvaguarda del honor, intimidad personal o familiar" y "a la propia imagen".
Lista negra de infractores
Además, esta base de datos "podrá suministrar información pública sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves", y concretamente, "se publicará el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la infracción cometida" así como la infracción que le sea impuesta.
Cambios legislativos
Todas estas iniciativas no se pueden llevar a cabo en vacío; muy al contrario requiere de cambios legislativos en paralelo. No en vano el Gobierno modificará la Ley General de Subvenciones del año 2003 para incorporar diversas medidas de transparencia informativa.
En particular, en el nuevo artículo 20 se establece que, entre otros organismos, la administración pública estatal, las autonómicas y locales, así como los partidos políticos y las organizaciones sindicales "estarán obligados a suministrar información" a esta nueva base de datos.
Todo ello, a sabiendas de que las comunidades autónomas y entidades locales "podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia" recogidas en la norma que vela por fomentar esa virtud en las Administraciones Públicas de todo rango.
De hecho, se establece que "las Administraciones concedentes deberán remitir a la BDNS las subvenciones concedidas con indicación, según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo y finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados", según establece la enmienda que impulsó el Partido Popular.
La incompleta transparencia de Fabra
