UGT pedirá a Rajoy ayudas para los cabezas de familias sin trabajo ni prestación

Madrid, 28 jul (EFE).- UGT pedirá mañana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cree un sistema de protección con carácter urgente para los cabezas de familias que tengan a todos sus miembros en paro y que tampoco reciban ninguna prestación por desempleo.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha hecho estas declaraciones a los medios antes de comenzar la reunión del consejo confederal, previo a la reunión que mantendrá mañana en La Moncloa Rajoy con los líderes de este sindicato, de CCOO y de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

Ferrer ha explicado que esta dotación presupuestaria debería ser creada de inmediato e iría destinada a las personas con responsabilidades familiares (unas 500.000) que encabezan alguno de los 770.000 hogares sin ingresos laborales.

"No se trataría del plan 'Prepara' (la ayuda de 400 euros a los desempleados que hayan perdido la prestación o el subsidio), que ha mostrado su insuficiencia al cubrir situaciones pero de manera muy escasa", ha añadido.

UGT pedirá mañana también la puesta en marcha de un plan de recuperación del empleo en el que se desarrollen políticas de orientación, intermediación, formación y estímulo a la contratación, que debería empezar a partir de otoño y que también contaría con una dotación presupuestaria adicional de cara al cuarto trimestre y a 2015.

En la reunión de mañana se abordará la negociación colectiva que mantienen patronal y sindicatos, quienes han elaborado un guión de materias a pactar a partir de septiembre, ha indicado Ferrer.

Este guión comprende asuntos como el refuerzo de la propia negociación colectiva con refuerzo de los convenios sectoriales, la búsqueda de soluciones a los vacíos de cobertura tras culminar la ultraactividad en los convenios colectivos y el fomento de "la flexibilidad negociada frente a la impuesta".

Respecto al debate salarial, Ferrer ha reconocido que "va a ser complicado y difícil" debido a las diferentes posturas que mantiene la patronal, que aboga por la moderación, y los sindicatos, que creen imprescindible que crezcan los salarios para aumentar la demanda interna, la inversión y el empleo.

El consejo confederal de UGT ha analizado también la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala determinados aspectos de la Reforma Laboral.

En este sentido, ha dicho que el fallo supone una decepción porque el Alto Tribunal "no ha estado a la altura del papel que le atribuye la propia Constitución" y que se ha posicionado "al lado de intereses particulares".

A su juicio, este fallo ha avalado "la precarización del empleo" mediante el "despido gratuito y sin causa", ha otorgado "poder discrecional" al empresario a la hora de no aplicar los convenios colectivos y ha impuesto "un arbitraje frente a la voluntad de las partes".

Por ello, UGT se ha mostrado dispuesto a acudir a los tribunales ordinarios, quienes tendrán que decidir si la Reforma Laboral es legal desde la perspectiva de los compromisos que tiene el Estado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Carta Social Europea.

También, mediante la negociación colectiva, buscará pactar y consensuar fórmulas para evitar la conflictividad y litigios que genera la norma, al mismo tiempo que estudia actuaciones frente a la OIT, el comité de expertos de la Carta Social Europea, la Corte de Justicia Europea o el Comité de Derechos Humanos.

Preguntado sobre la intención del Gobierno de aumentar el mínimo exento de tributar en la indemnización por despido, Ferrer ha manifestado que desconoce si el Gobierno lo incluirá en la Reforma Fiscal que aprobará el próximo viernes.

No obstante, ha señalado que esta tributación es "claramente injusta", porque castiga doblemente a los trabajadores, quienes ya vieron mermada la cuantía de sus indemnizaciones y porque, además, se ven obligados a pagar un impuesto por dicha percepción.

Además, ha pedido al Gobierno que vuelva a los límites legales establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y que equipare el trato que reciben los trabajadores del régimen común y los del regímenes forales, que tienen una tributación muy inferior.