El crecimiento del gasto público español en sanidad se frenó en seco en el año 2009 y, desde entonces, acumula cuatro años de bajadas que están deteriorando la calidad de las prestaciones sanitarias y dificultando el acceso a las innovaciones.
Solamente entre 2009 y 2011, último año de la serie del Sistema de Cuentas de Salud que elabora el Ministerio de Sanidad, el desembolso público se redujo en 3.161 millones de euros. Si se suman los 5.427 millones de euros que las comunidades autónomas se ahorraron entre 2012 y 2013, según recoge el Programa de Estabilidad 2014-2017 del Gobierno, el recorte total supera los 8.500 millones de euros. ¿Se puede mantener la actual cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud con semejante ajuste?
Sindicatos de profesionales, patronales del sector y partidos como el PSOE consideran que no es posible y reclaman ya un suelo presupuestario o un nivel mínimo de financiación de cara a la futura reforma del sistema de financiación autonómico. Desde las filas socialistas, por poner un ejemplo, se ha pedido un gasto público del 7% del PIB para sanidad, lo que supondría una inyección presupuestaria de más de 7.000 millones de euros.
Esfuerzo público
El peso económico del gasto público en la actualidad se situaría entre el 6,2% y el 6,3%, después de que el esfuerzo público llegase a absorber el 7,2% del PIB en 2009 tras acumular alzas anuales medias del gasto del 6,1% entre 2000 y 2009. Es casi un punto menos de gasto en apenas cuatro años. Este porcentaje, además, seguirá reduciéndose este año y en 2015, según el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno de Mariano Rajoy remitió a Bruselas el pasado mes de mayo, y que sigue reclamando nuevos recortes antes de 2015 y más "eficiencia" y "racionalización" en partidas como el gasto farmacéutico y hospitalario para cumplir aún con los objetivos de déficit impuestos desde Europa.
El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, cargó las tintas al denunciar en la Cámara en mayo que la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno en 2012 ha provocado "más desigualdad, insuficiencia financiera a pesar de los recortes, preocupación profesional y ciudadana por el deterioro de la calidad y barreras de acceso a la innovación".
Es un diagnóstico político que también se ha convertido en una preocupación transmitida por algunas patronales como Farmaindustria. Los laboratorios se encuentran, sin duda, entre los más castigados por los recortes, ya que casi 3.000 millones de euros de bajada del gasto en los dos últimos años corresponden a farmacia.
Financiar adecuadamente
La patronal ha solicitado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que el nuevo sistema de financiación autonómica permita financiar "adecuadamente" la sanidad, además de ofrecer soluciones estructurales a la deuda con proveedores. Porque esta última sigue siendo la auténtica condena de los laboratorios, las empresas de tecnología sanitaria o las farmacias en España, a pesar de los tres planes de pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómico habilitados por el Gobierno para solucionar este problema.
El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, cree que ha llegado el momento de establecer un marco económico y regulatorio "estable y predecible a medio y largo plazo, que permita la fijación de objetivos de evolución del gasto farmacéutico para un horizonte temporal de al menos tres años, alineados con los crecimientos del PIB", según señaló durante una reciente jornada en la Asociación Española de Farmacéuticos de la industria (AEFI).
Otra de las preocupaciones expresadas por la industria es que las medidas adoptadas durante la crisis se puedan extender en el periodo de recuperación, lo que puede "seguir comprometiendo la llegada ágil y equitativa de los nuevos tratamientos en toda España, y poner en riesgo la cohesión territorial en materia de prestación farmacéutica", han indicado.
Incremento del gasto
Desde las comunidades autónomas se ve con muy buenos ojos cualquier propuesta de incremento del gasto. No en balde el Tribunal de Cuentas, en su informe sobre el sector público autonómico correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, ha cuestionado recientemente los presupuestos autonómicos en sanidad al detectar "una permanente insuficiencia estructural de los créditos iniciales" para cubrir los gastos de cada ejercicio, a pesar de que se conoce "el gasto real producido en ejercicios anteriores", precisa el órgano fiscalizador.
En su informe, el Tribunal denuncia que las comunidades han recurrido "de forma periódica a generar gasto que excede las consignaciones presupuestarias". Además, alerta de que esta conducta "implica la tendencia generalizada de realizar gastos en el ejercicio sin la necesaria cobertura financiera, lo que conlleva la no contabilización en éste de un relevante monto económico de gasto, derivando el mismo a ejercicios posteriores, con incumplimiento de los límites cuantitativos y de anualidad establecidos legalmente", añade el informe de fiscalización de la institución.
Esta práctica contable de huida hacia delante al consignar compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros "puede distorsionar la sostenibilidad financiera del sistema autonómico de gestión sanitaria", asegura este órgano, que añade haber observado en esta situación un "paulatino incremento", con especial relevancia en varias comunidades autónomas.
Hasta la fecha esta cuestión se ha resuelto con rescates financieros extraordinarios, como los tres planes de pagos a proveedores o el denominado FLA, el fondo autonómico de liquidez.
El pleno del Parlamento balear aprobó la semana pasada una propuesta en la que insta al Gobierno central a modificar el sistema de financiación autonómica para recoger un cálculo "más ajustado a las necesidades reales del gasto sanitario de Baleares". Es decir, teniendo en cuenta los criterios de financiación que más le favorezcan a la comunidad autónoma: insularidad, población flotante, deuda histórica, etc.
El mismo rompecabezas financiero que todos los gobiernos tienen encima de la mesa desde que se completó la descentralización sanitaria en el año 2001.
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"O anclamos la financiación o el gasto"
