El 33% de las entidades, organismos y empresas públicas no rindieron cuentas a la autoridad competente en 2011 o lo hicieron tarde, frente al 30% que se encontraban en esta situación -y por tanto incumplían con la legislación vigente- el año anterior. En su Informe global del sector público autonómico para los ejercicios 2010 y 2011, el Tribunal de Cuentas advierte de que existen deficiencias en las cuentas presentadas por las empresas y entes públicos de un buen número de autonomías, cuya situación es, además, deficitaria. En concreto, el organismo fiscalizador señala que sus pérdidas se incrementaron un 79% en 2011 en relación a 2010, al pasar de 3.362 millones de euros a 6.024 millones.
Especialmente significativo es el caso de las empresas murcianas, con unos números rojos que alcanzaron los 2.157 millones debido, principalmente, al Servicio Murciano de Salud, que está gestionado a través de una entidad empresarial. Además, las empresas públicas madrileñas despidieron 2011 con unas pérdidas de 2.049 millones y las de la Comunidad Valenciana, con 845 millones.
Sin subvenciones, peor
Llama especialmente la atención el hecho de que las pérdidas del sector empresarial autonómico habrían sido muy superiores en los dos ejercicios -los últimos fiscalizados-, de no ser por las subvenciones públicas recibidas. Así, en el año 2010 la merma en los resultados de las empresas regionales habría sido de 7.550 millones de euros, esto es, el doble de las registradas, mientras que las pérdidas en 2011 habrían ascendido a 16.366 millones, prácticamente el triple.
Este hecho constata, según enfatiza el Tribunal, que las actividades de estas empresas son "deficitarias" y tienen que ser sufragadas por subvenciones y ayudas públicas, y éstas se convierten en su principal fuente de financiación, junto con los ingresos por la realización de trabajos que, en la mayoría de los casos, son igualmente encargo de las propias administraciones regionales. Sólo entre 2010 y 2011 las subvenciones a las empresas autonómicas se dispararon más del 146%.
Por si fuera poco, el informe evidencia que los datos agregados de resultados, subvenciones y deuda de las empresas públicas incluidas en las cuentas anuales, "no coinciden" con los aparecidos en los documentos de fiscalización de las propias CCAA.
Sin embargo, ésta no es la única irregularidad con la que se ha topado el organismo, que señala que en las cuentas rendidas por algunas de estas sociedades no se incluyen los documentos legalmente exigibles, o bien éstas no han sido aprobadas por los órganos competentes, e incluso no han sido firmadas por todos los miembros del patronato -en el caso de las fundaciones- o no se han presentado los certificados de aprobación de dichas cuentas. Por otra parte, es común que varias empresas de una misma autonomía tengan objetos sociales coincidentes, al menos de forma parcial, con el de otras de nueva creación. Por este motivo, el Tribunal de Cuentas cree innecesaria la creación de éstas o la existencia de algunas de las anteriores.
Del mismo modo, el organismo echa en falta que los informes de las empresas aborden el tema del personal y lamenta que, cuando lo hacen, únicamente recogen el número de empleados, su incremento interanual y el gasto total en empleados. Sin embargo, observa deficiencias notables en los requisitos legales para la selección y contratación de trabajadores, sobre todo en relación a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Endeudamiento financiero
El modo en que se gestionan este tipo de empresas, y su dependencia de las comunidades autónomas a las que pertenecen ha provocado que su endeudamiento financiero total alcanzase los 28.021 millones de euros a finales de 2011, lo que implica que, desde el inicio de la crisis en 2008 aumentó de media un 20% -incrementándose solo un 44% entre 2009 y 2010-. Esta circunstancia se hace especialmente evidente en el caso de Cataluña, que en esos dos ejercicios incrementó su endeudamiento hasta un 120%.
Precisamente, en 2011 Cataluña fue también la única que engordó el volumen de su sector público, al incrementarse en esta autonomía en relación al año anterior, tanto el número de empresas y entes públicos -pasaron de 94 a 98-, como el de fundaciones -tenía 45, frente a las 35 con que contaba el ejercicio previo-, y el de consorcios -que se elevaron de 59 a 62- (ver gráfico al detalle).
En el otro extremo se sitúan cuatro comunidades autónomas que en ese mismo periodo aplicaron los mayores tijeretazos a su sector público: Castilla-La Mancha, que acabó con 23 entes, Aragón, que echó el cierre a 21, y Galicia y Navarra, que se deshicieron en ambos casos de un total de 19. Mientras, Castilla y León, La Rioja y Asturias mantuvieron los suyos.
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