La "ineficacia" en la lucha contra el fraude fiscal y la crisis económica han provocado un aumento del 88% de la deuda pendiente de cobro por parte de Hacienda, que asciende a 50.000 millones de euros, según asegura el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
De esta cantidad, casi 11.000 millones están reclamados en los tribunales económico administrativos (TEA) y en los tribunales de Justicia, donde se "atascan" estos expedientes.
Según Gestha, el Estado ha planteado de forma "errónea" la planificación de objetivos, ya que ha primado la cantidad sobre la calidad de las actuaciones tributarias, urgida por la necesidad de cuadrar las cuentas públicas. Como consecuencia, se ha registrado un aumento de las reclamaciones contra las deudas, sanciones y actos de las distintas Administraciones tributarias.
En este punto, el colectivo recuerda que desde 2008 se ha producido un aumento de los litigios de los contribuyentes, que ha desembocado en un atasco en los TEA, dado que desde hace 14 años se cuenta prácticamente con el mismo número de ponentes técnicos e inspectores de Hacienda que resuelven las reclamaciones
Reducir el atasco
Así, los inspectores denuncian que se necesita con urgencia un cambio en profundidad de la organización del trabajo de la Agencia Tributaria, porque considera "inconcebible" que los tribunales económico administrativos estimen solo el 44% de las reclamaciones contra las deudas, sanciones y actos de Hacienda.
Además, indica que aquellas reclamaciones desestimadas por los tribunales económico administrativos y que posteriormente se recurren ante los tribunales de Justicia también se anulan en casi el 40% de las liquidaciones tributarias.
Para reducir el "atasco" en estos tribunales, que actualmente tienen que hacer frente a más de 250.000 reclamaciones, Hacienda acaba de dar luz verde a un plan para aumentar un 28,8% el número de ponentes de estos los TEA con la cesión por parte de la Agencia Tributaria de unos 70 técnicos de Hacienda durante un año.
Gestha considera que esta cesión temporal se tendrá que ampliar hasta 2018, ya que se necesitaría un mínimo de dos años para retomar al nivel de reclamaciones pendientes registradas en 2008 (poco más de 144.000), y se precisarían otros dos años más para eliminar el stock pendiente.
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