El Tribunal de Cuentas analiza mañana en el Congreso el informe que critica la actuación del FROB en CX

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará mañana a las Cortes el informe en el que critica la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al tomar el control de Catalunya Caixa (CX) y en el que eleva a casi 108.000 millones de euros las ayudas públicas concedidas al sector bancario entre 2009 y 2012.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El informe, que se analizará en una sesión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relación con el Tribunal de Cuentas que tendrá lugar en la Cámara Baja, reprocha al FROB que su lenta reacción una vez convertido en accionista mayoritario de CX agravó la situación de la entidad y "supuso un perjuicio para la gestión ordinaria" de la misma.

En concreto, critica el tiempo que el Fondo tardó en nombrar a los consejeros a los que tenía derecho desde su entrada en la caja catalana en octubre de 2011, lo que retrasó la atribución a los mismos de los derechos políticos que les correspondían, algo que no ha sucedido hasta enero de este ejercicio.

HECHOS DE "SIGNIFICATIVA RELEVANCIA"

De hecho, ni siquiera cuando el Fondo se convirtió en socio mayoritario decidió cesar a ninguno de los consejeros existentes anteriormente, "sin que consten las causas que motivaron la decisión de mantenerlos", y tampoco se sustituyó al órgano de administración en noviembre de 2012, cuando el Banco de España decidió resolver la entidad.

Así, no fue hasta enero de este año cuando se atribuyeron los derechos políticos correspondientes a los consejeros del FROB, después de que el fondo público notificara al Registro Civil los votos que le correspondían.

"Desde octubre de 2011, cuando el FROB se incorporó al consejo de administración de Catalunya Caixa, debió haber ejercido plenamente los derechos que le atribuía la normativa específica de reestructuración y de las sociedades de capital y debió haber establecido los instrumentos necesarios para evitar llegar a una situación que supuso un perjuicio para la gestión ordinaria de la entidad", recrimina el Tribunal de Cuentas.

Como ejemplo, señala que el propio Fondo --ya con una nueva directiva-- no decidió hasta mayo de 2013 cesar como consejeros al presidente ejecutivo y al consejero delegado, argumentando los "hechos de significativa relevancia" ocurridos en los meses anteriores, sobre todo tras la suspensión por dos veces (en junio de 2012 y marzo de 2013) del proceso de venta de la entidad.

Entre otros, se menciona la "vulneración de los derechos básicos de sus cargos, el posicionamiento contrario al interés de la sociedad, el intento de eludir su responsabilidad, la perturbación de la gestión de la entidad, llegando incluso a su paralización" o el haber contratado por 375.705 euros un estudio sobre la situación de la caja para presentarlo a los posibles interesados en la subasta, cuyo resultado final no se conoció por lo que "resultó un coste innecesario".

Por todo ello, el Tribunal concluye que "el FROB no actuó con la debida diligencia en la adopción de las medidas que, como accionista mayoritario, le permitía la normativa específica de reestructuración y la general reguladora de las sociedades de capital", lo que "pudo contribuir a dificultar el cumplimiento de los objetivos de promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para resolver la situación en que se encontraba la entidad y velar por sus intereses".

Desde el FROB, sin embargo, alegaron tras conocerse el informe que los dos procesos fallidos de venta de Catalunya Caixa dificultaron los cambios en la estructura o contra sus gestores, y recuerdan que tras el segundo intento se destituyó a los gestores sin más esperas. Además, asegura que aunque la inscripción de los derechos políticos en la entidad se retrasó, sí se ejercían desde el primer momento.

FALTA DE CONTROL

Por otra parte, el organismo fiscalizador recuerda también que el FROB tenía el deber de comprobar que las entidades nacionalizadas no aplicaban políticas comerciales agresivas, como se les exigía para "evitar distorsiones a la competencia". En concreto, los bancos beneficiarios de ayudas públicas no podían ofrecer rentabilidades superiores a la media de las rentabilidades más altas ofrecidas por las entidades privadas.

Sin embargo, el Fondo no recopiló la información necesaria para hacer ese seguimiento, según el Tribunal de Cuentas que, tras comprobar si las entidades rescatadas habían ingresado alguna cantidad en concepto de penalización en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), comprobó que "existen indicios para afirmar que, al menos entre junio de 2011 y agosto de 2012, dichas entidades no cumplieron con sus obligaciones de no realizar políticas comerciales agresivas".

Así, el Tribunal de Cuentas recomienda que se incluyan mecanismos "claros" de seguimiento en la normativa reguladora de los procesos de reestructuración y resolución bancaria, y sugiere al FROB "extremar la diligencia en adoptar todas las medidas que la normativa le permita con objeto de asegurar la defensa del interés público en las entidades participadas por apoyadas por el Fondo".

RESCATE BANCARIO

En el informe también se incluye un cuadro resumen de los recursos públicos empleados o comprometidos en la reestructuración bancaria, que eleva estas ayudas públicas concedidas por el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Banco de España hasta los 107.913,45 millones de euros, muy por encima de los 61.366 millones que cuantifica el Banco de España.

No obstante, y así lo recuerdan también desde el FROB, en ese cálculo están incluidas tanto las aportaciones directas de capital (57.003 millones) y otros instrumentos (cuotas participativas, participaciones preferentes convertibles o 'cocos'), como los 28.667 millones de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) ofrecidos al Sabadell y CaixaBank por hacerse con la CAM y Banco de Valencia, respectivamente, y que sólo se harían efectivos total o parcialmente al final del periodo previsto.

Igualmente, en el cálculo se incluyen líneas de crédito ya devueltas, e incluso algunas que se pusieron a disposición de las entidades pero que no llegaron a ejecutarse; los costes del préstamo MEDE (209 millones), los costes asociados a la reestructuración de CCM (191 millones), los informes de valoración (15,4 millones) o los honorarios del Fondo (6 millones). Fuera quedan, no obstante, los posibles costes públicos de la Sareb.

Por entidades, el FROB señala que la entidad que ha recibido más ayudas es la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con 24.861 millones, seguida por Bankia, con 22.426 millones y el Banco de Valencia, con 17.868 millones.