La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno cambios en la Ley Hipotecaria con el objetivo de regular la dación en pago, reconocer la inembargabilidad del uso de la vivienda y suspender todas las ejecuciones hipotecarias que afecten a parados.
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, la coalición acusa de la situación "extremadamente difícil de emergencia social" que atraviesa el país a la visión "economicista" que de la vivienda han tenido los sucesivos gobiernos, que "sólo han profundizado en la liberalización del mercado de un bien esencial" y protegido por la Constitución.
Esta situación "exige respuestas inmediatas" ya que "el derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado, favoreciendo única y exclusivamente a los intereses de los sectores financiero e inmobiliario mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales", cree IU-ICV-CHA, que considera que las políticas públicas dan mucho margen para actuar
Y, como ejemplo, propone al Gobierno que en tres meses presente a las Cortes una propuesta de reforma de la Ley Hipotecaria para desarrollar las "posibilidades de la inembargabilidad del derecho de uso" de la vivienda que reconoce la legislación española y para prever que el impago de las hipotecas sólo se cubra con el bien hipotecado y no con otros activos.
ALQUILERES SOCIALES
Además, la Izquierda Plural cree que de forma "inmediata" debería decretarse la suspensión de todas las ejecuciones hipotecarias que afecten a personas desempleadas o en situación de cese de actividad (en el caso de pymes y autónomos), así como regularse un alquiler social "acorde con sus ingresos" y nunca superior al 30% de los ingreso mientras duren estas circunstancias, siempre "tutelado" por la Administración.
En este sentido, se insta al Ejecutivo a que "de forma inmediata dé las instrucciones necesarias" a los dirigentes de las entidades financieras nacionalizadas o que han recibido fondos públicos para que "suspenda todos los embargos y desahucios" de viviendas habituales del mismo colectivo.
Y también se insiste en la posibilidad de utilizar al menos el 80% del stock de viviendas en manos de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para crear un parque público de vivienda en alquiler protegido y tasado, destinado a los parados desahuciados y cuyos precios "no superen el 30% de los ingresos familiares del beneficiario".
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Finalmente, la Izquierda Plural critica la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley de la Junta de Andalucía que permite la expropiación forzosa de viviendas vacías para realojar a familias en situación de emergencia social, y aprovecha esta iniciativa parlamentaria para reclamar que se retire.
"El drama de los desahucios continúa tan vivo como desde que comenzó la crisis, y las políticas del Gobierno siguen sin abordar las causas de fondo ni las soluciones reales. Existen muchas políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no sólo una mercancía, y que corrijan las injusticias patentes y escandalosas de los procedimientos hipotecarios y la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras", concluye IU-ICV.
