Pese a la recomendación del Gobierno, ninguna de las 13 sindicaturas fiscalizadoras echa el cierre. Sólo Asturias prescinde de su procuradora y persisten nueve homólogos de Soledad Becerril.
Las recomendaciones que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha dirigido a las comunidades autónomas se están quedando en nada más que en eso: meras recomendaciones. Casi un año después de que el Gobierno de Mariano Rajoy pusiera en marcha una de sus reformas estrella, la que pretende racionalizar el sector público, las regiones se empecinan en mantener en funcionamiento organismos que duplican las funciones de los que ya posee el Estado con alcance nacional, en especial, defensores del pueblo y tribunales de cuentas.
Estas dos instituciones fueron específicamente señaladas por la CORA en la medida en que son las que más extendidas se encuentran, y su eliminación supondría un ahorro de 230 millones de euros en los próximos tres años, de acuerdo con los cálculos de la comisión que dirige en persona la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
Pero las regiones no están por la labor. Desde la puesta en marcha de la reforma, únicamente una región, Asturias, decidió, en diciembre del año pasado, prescindir de su defensor (en este caso, era defensora) del pueblo. Lo que implica que otras nueve (Cataluña, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Castilla y León, Aragón, Galicia y Navarra) lo conservan.
Todavía más numerosos son los tribunales de cuentas, ya que están presentes en trece comunidades autónomas: todas las citadas anteriormente, más Asturias, Islas Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha.
En esta última región, el Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal inició en septiembre pasado los trámites para poner punto final a la Sindicatura regional. Con todo, no ha sido hasta el pasado mes de abril cuando el Parlamento manchego dio finalmente luz verde a la supresión y, de momento, el organismo continúa en funcionamiento, como se puede comprobar a través de su propia página de Internet.
Los Gobiernos autonómicos se aferran a sus réplicas aunque están demostrando una manifiesta ineficiencia con respecto a sus homólogos nacionales, aun cuando estos últimos tienen un alcance muy superior. En el caso del único defensor del pueblo que ha sido suprimido la diferencia era más que patente. Así, la procuradora general asturiana, Antonia Fernández, contaba en 2013 con un presupuesto de 1,2 millones de euros; el número de quejas que los ciudadanos le hacían llegar era de, aproximadamente, 244 cada ejercicio.
Una simple división revela que la gestión de cada una de esas reclamaciones tenía un coste de más de 4.800 euros. En el extremo opuesto, el propio de la defensora del pueblo estatal, la exministra Soledad Becerril, la proporción se reduce a menos de 600 euros por queja.
No en vano, aun cuando es cierto que Becerril recibió un presupuesto muy superior al de su equivalente asturiana, 14,02 millones de euros el año pasado, también lo es que hasta su mesa llega un número muy superior de peticiones de ciudadanos reclamando amparo (casi 24.000 en cada ejercicio).
Desconfianza en los cargos
Es más, algunos de los defensores del pueblo todavía en activo, como el llamado diputado del común de las Islas Canarias, reconocen en su propia memoria económica que a su cargo lo rodea la "desconfianza" y el "desconocimiento generalizado" sobre sus funciones.
Los Tribunales de Cuentas no están en mejor situación con respecto a su equivalente nacional. De hecho, de acuerdo con el informe de la CORA es contundente: presentan también "un bajo rendimiento" en el uso de sus recursos.
Ahora bien, en este caso particular se unen otros problemas específicos, más allá de lo puramente económico, como es el hecho de que "se genera desigualdad entre las comunidades que sí cuentan con estos organismos" y las que prescinden de ellos, a lo que también se suma la confusión que genera "la heterogeneidad en las estructuras, composición y funciones" que desempeñan estos tribunales en función del territorio en el que se ubiquen.
Apreciaciones como éstas, aunque provengan del Gobierno, no parecen hacer mella en los Ejecutivos regionales y esto lo ha constatado hasta la OCDE.
El denominado club de los países desarrollados hizo en marzo pasado una primera evaluación de la marcha de la reforma del sector público a través de un informe en el que, pese al tono elogioso que predomina en él, sus responsables tuvieron que hacer constar que varias de las "conferencias sectoriales" que están manteniendo el Gobierno central y las comunidades autónomas "no están operando en todo su potencial". En la OCDE saben bien que la propia CORA se ha autolimitado y que las recomendaciones que dirige a las regiones no son vinculantes. De hecho, la organización cree necesario que haya diálogo entre ambas partes para lograr "compromisos"; con todo, advierte de que "no se debe renunciar a reformas de alto impacto".
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