El ministro de Economía, Luis de Guindos, no descarta que la recuperación económica "venga con más vitalidad" de lo previsto hace apenas unos meses, y que la economía española pueda crecer aproximadamente al 1,5% anual en los dos próximos ejercicios y permita crear empleo neto.
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Así lo ha dicho durante su defensa del proyecto de ley de Desindexación de la Economía en el Pleno del Congreso, afirmando que "seguramente se ha hecho lo más difícil" para superar la crisis, pero avisando a renglón seguido de que "aún queda mucho por hacer y no se puede caer en la complacencia". "Hay que ser cautos en las previsiones, continuar con las reformas y modificar los parámetros del mercado laboral", ha insistido.
No obstante, el ministro ha subrayado que las reformas estructurales que se han aprobado hasta la fecha, y que continuarán en lo que queda de legislatura, han permitido reducir los desequilibrios económicos, lo que ha convertido la economía española en "mucho más competitiva, abierta, con capacidad de financiación creciente" y con "cuentas públicas sostenibles y estabilidad de precios".
"No descarto, por tanto, que la recuperación venga con más vitalidad de lo que pensábamos hace unos meses. La clave está en mantener esas palancas de manera adecuada, continuar con la corrección de los desequilibrios y avanzar en la estrategia que ha permitido modificar la percepción, la confianza y la credibilidad de la economía española. Y la Ley de Desindexación es uno de los engranajes importantes", ha apostillado.
TRIPLE ORIGEN DE LA CRISIS.
A renglón seguido, el titular de Economía ha hecho un resumen de lo acontecido desde el inicio de una "larga, profunda y compleja" crisis a la que ha atribuido un "triple origen": un "diagnóstico incorrecto" que llevó a aplicar políticas "que no fueron adecuadas" y a "perder mucho tiempo" para reaccionar; una regulación laboral que "amplificó el impacto de la recesión" en términos de paro, y unos desequilibrios acumulados "muy profundos", como la elevada deuda o la burbuja inmobiliaria, entre otros.
En estas circunstancias, el PP se enfrentó a su llegada al Gobierno al riesgo más urgente, "evitar el rescate completo de la economía al que España se veía abocada" y que "hubiera supuesto la pérdida de autonomía en materia de política económica, lo peor que puede ocurrir" a juicio de De Guindos.
Una vez superada esa situación, el ministro cree que es "necesario perseverar" para reducir el endeudamiento de familias y empresas en al menos 30 puntos del PIB, ya que "no habrá recuperación hasta que los niveles de endeudamiento se ajusten a la media europea"; o avanzar en el ajuste del sector inmobiliario o del déficit público para cumplir los compromisos europeos.
DEJANDO ATRÁS LA CRISIS.
Así, a pesar de que España "está dejando atrás la crisis" como demuestra que ya haya habido dos trimestres con crecimiento --"una tendencia que, estamos convencidos, continuará fortaleciéndose en el primer trimestre de este año", según De Guindos--, hay que mantenerse vigilantes para que esas reformas que aún quedan pendientes no tengan un "impacto contractivo" en la economía. "Hay que actuar sobre las palancas adecuadas de la política económica para contrarrestar el efecto negativo de las medidas", ha insistido el ministro.
Y en ese esfuerzo se enmarcan precisamente el fomento de nuevas vías de financiación no bancaria, el apoyo a la economía del conocimiento, la reforma fiscal o la culminación de la unión bancaria, pero también la Ley de Desindexación, que tendrá un "impacto positivo" en la economía ya que "garantizará la estabilidad de precios, permitirá una estructura de precios flexible que facilitará la reacción de la economía frente a shocks externos".
Además, la ley impulsará la eficiencia económica y dará más competitividad a la economía, sobre todo al sector exterior", que ya tiene superávit por cuenta corriente y capacidad de financiación, pero que también se espera consiga un superávit en la balanza de pagos superior al 2% este año.
Asimismo, permitirá que las administraciones públicas tengan en cuenta "solo las variaciones de costes (para revisar los precios) derivados de una gestión eficiente, evitando que los consumidores y usuarios de los servicios públicos paguen por comportamientos no adecuados", a la par que mejorará el poder adquisitivo de las familias, favoreciendo así el consumo privado.
CONTENIDOS DE LA LEY.
De Guindos ha resumido en este punto el contenido del proyecto de ley, que "consagra el principio general de no indexación en el sector público" aunque reconociendo excepciones periódicas --cuyas condiciones se fijarán en un decreto ley junto con los tipos aplicables y el procedimiento de revisión-- y extraordinarias --para las que hará falta una memoria económica que justifique el cumplimiento de unas condiciones de eficiencia y buena gestión empresarial, y requerirá de la autorización de la administración competente en el caso de precios regulados--.
"El objetivo es que no se repercutan costes injustificados al sector público y a la economía", ha dicho el ministro, defendiendo así la aplicación de índices específicos a los diferentes sectores para reflejar adecuadamente la evolución de sus costes y el impacto en los precios.
La norma se aplicará a todo el sector público (estatal, autonómico y local), y afectará a precios públicos, tasas, precios y tarifas regulados, subvenciones, prestaciones, ayudas, multas y sanciones, y siempre que una de las partes sea una administración o una empresa pública. No obstante, quedarán al margen pensiones, negociación colectiva e instrumentos financieros.
En el caso de contratos privados, quedará a la libre voluntad de las partes decidir si se mantiene la revisión periódica de precios y el índice que se utiliza, si bien en el proyecto se crea el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que se podrá usar de referencia. La entrada en vigor de los "principios básicos" de esta nueva normativa se produjo de forma adelantada el pasado 1 de enero gracias a una enmienda en los Presupuestos de 2014.
"Ésta es una reforma estructural clave para recuperar la senda de recuperación. Las cláusulas de revisión automática de los precios en el ámbito público se han usado en España con más intensidad que en otros países, lo que ha generado que el impacto de la inflación se transmita de forma indiscriminada a la economía en su conjunto y sin justificación, con la consecuencia de una pérdida de competitividad y de un déficit en la balanza de cuenta corriente. La recuperación de la eficiencia en la formación de precios es esencial para la recuperación económica", ha concluido el ministro, que espera las aportaciones de los grupos durante la tramitación del proyecto.
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