
Bruselas, 28 feb (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) y los países de la UE han llegado a un acuerdo sobre la nueva directiva relativa a los trabajadores desplazados, destinada a aumentar la protección de los empleados enviados por sus empresas a otros países, informó hoy la Eurocámara.
De acuerdo con esta fuente, los negociadores del PE reforzaron el proyecto para aclarar las normas que regirán para las empresas a fin de distinguir claramente entre desplazamientos reales e intentos de circunvalar la ley.
No obstante, han dado a los Estados miembros cierta flexibilidad a la hora de llevar a cabo inspecciones encaminadas a verificar el cumplimiento de la legislación.
El acuerdo incluye una lista de medidas nacionales de control a la que los Estados miembros pueden añadir otras.
Tendrán que comunicar a la Comisión Europea (CE) las nuevas medidas de inspección pero no que solicitar autorización previa y los agentes sociales también estarán más implicados, explicó la presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Pervenche Berès.
"Hemos logrado un equilibrio entre la libertad de ofrecer servicios y la protección de los derechos de los trabajadores", señaló por su parte la ponente del PE, la diputada polaca Danuta Jazlowiecka.
Bajo el acuerdo alcanzado, las autoridades nacionales podrán analizar si una empresa que afirma ofrecer servicios en otros países está registrada, si paga impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, si contrata a trabajadores desplazados, si realmente tiene una actividad empresarial y cuantos contratos tiene firmados.
A fin de evaluar si un trabajador actúa realmente como empleado temporalmente desplazado, los Estados miembros podrán averiguar la duración de los servicios que presta y la fecha en la que comenzó su desplazamiento, indicó la Eurocámara.
La falta de un certificado tipo "A1" de la Seguridad Social también puede indicar que el desplazamiento no es real, según el texto consensuado, que incluye el requisito de identificación de los trabajadores enviados a otro país.
Este formulario sirve para demostrar que un trabajador cotiza a la Seguridad Social en otro país de la UE que puede ser el caso de un trabajador desplazado o de una persona que trabaja en varios países a la vez.
Los países que sospechan que un trabajador actúa como "falso autónomo" también podrán verificar si el trabajo realmente fue realizado y evaluar las relaciones laborales, incluidas su subordinación y remuneración.
En los casos en los que se subcontrata el trabajo, en el sector de la construcción, tanto el principal contratista como los subcontratistas serán responsables jurídicamente si no pagan a los trabajadores desplazados o no respetan sus derechos.
Una vez que las nuevas normas entren en vigor, los Estados miembros tendrán dos años para transponerlas en sus legislaciones.
El acuerdo tiene que ser respaldado aún por los embajadores de la UE, las comisiones parlamentarias relevantes, el pleno y el Consejo.
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