MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha rechazado otorgar facultades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para imponer acuerdos en el caso de mala praxis, lo que habría evitado que los pequeños ahorradores tuvieran que acudir a la Justicia en casos similares a lo ocurrido con la participaciones preferentes.
En concreto, la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa se opuso a esta recomendación realizada por el Defensor del Pueblo que perseguía evitar situaciones como las generadas por la comercialización de las preferentes, según el informe anual del organismo.
La institución liderada por Soledad Becerril recomendó otorgar mayor independencia y "competencias claras y precisas" a la CNMV, así como facultades para imponer acuerdos a las partes cuando estimara que la normativa no es respetada en perjuicio de los pequeños ahorradores. Todo ello, sin perjuicio del derecho de los inversores minoristas a utilizar la vía judicial.
NO A UN CODIGO VINCULANTE DE BUENAS PRACTICAS.
El Gobierno también ha rechazado la elaboración de un código vinculante de buenas prácticas en la comercialización de productos financieros. El Defensor del Pueblo pretendía que este código recogiera claramente los derechos de los inversores minoristas, así como los compromisos de las entidades frente a ellos, ayudando a la transparencia.
En cuanto a las recomendaciones como medidas paliativas, el Ministerio de Economía se ha opuesto a un arbitraje universal para las entidades intervenidas y a que la CNMV medie en procesos de arbitraje aunque requiera de apoyos de medios materiales y personales. El Ejecutivo ha rechazado además que las decisiones de la CNMV para casos no resueltos sean vinculantes y se evite así la acción judicial.
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