La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha admitido que en "algún caso concreto puede existir un cierto abuso" en la fijación de márgenes comerciales, pero aseguró que el Gobierno, cuando ha detectado estos casos, los ha puesto en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
Desde que el producto sale de las manos del agricultor hasta que llega a los lineales "se producen muchos pasos intermedios, como el transporte, controles de calidad, empaquetados o almacenamientos. Por eso, explicó Espinosa, "en la mayor parte, se va quedando un porcentaje determinado".
En este sentido, la misnistra indicó que el Gobierno apuesta por que exista la máxima transparencia y que el consumidor "no se vea perjudicado en una cadena que tiene que cumplir con la calidad y la seguridad alimentaria".
Alza de precios
Espinosa atribuyó el alza de precios de los alimentos que se está produciendo a nivel mundial al incremento de la demanda de países emergentes como China e India, en tanto que la oferta no aumenta al mismo ritmo; a la subida del precio del petróleo, y a las condiciones climatológicas adversas que han sufrido los grandes productores de cereales en el mundo.
Asimismo, aludió a un cierto efecto de la crisis derivada de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que ha motivado que "una cierta especulación financiera en el mercado de cereales".
En su opinión, se trata de un contexto mundial en el que "España como país poco puede hacer", si bien defendió la necesidad de atender con un aumento de la producción el incremento de la demanda mundial, lo que ha trasladado a la Comisión Europea, que se encuentra en proceso de revisión de su Política Agraria Común (PAC).
Reforma der las ayudas
En relación con esa revisión, el llamado chequeo médico de la PAC, Espinosa rechazó las críticas de algunas organizaciones agrarias que advierten de que la reforma implica un recorte de las ayudas que perciben los agricultores, en torno a 6.600 millones en el caso de España.
"No se pierden las ayudas en ningún momento, no disminuyen para el Estado miembro, sino que se redistribuyen de una forma diferente", explicó la ministra, quien consideró que la reforma supone "una simplificación de la normativa".
También aludió a la crisis de precios que sufre el sector lácteo, donde prefirió "no hablar de especulación, sino que muchas veces son fallos derivados de que no existe una organización perfecta entre toda la cadena y por algún motivo determinado se produce una ruptura".
Buscar solución
Tras recordar que este sector está sometido a ciclos en los que "en unas épocas determinadas se paga la leche más cara y otras más barata", explicó que este año, al aumentar los precios, "esas diferencias se están produciendo en mayor cuantía y el diferencial no se repercute directamente al consumidor".
"Son problemas que subyacen en toda la cadena de producción y donde en el Ministerio ha tratado de abrir una mesa de diálogo para que esta situación no se produzca más y haya relaciones normales, como en cualquier otro sector industrial", concluyó.
