MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La renta agraria ha retrocedido un 23,1% en la última década debido a la volatilidad de los precios y el incremento de los costes, pese a haber experimentado un alza del 7,3% este año y del 1,7% en 2012, según datos de COAG.
La organización agraria ha precisado que la subida de los dos últimos años responde a la mejora en productividad, a unas condiciones climáticas favorables y a la gran fortaleza exportadora del sector.
Asimismo, COAG ha denunciado en su balance del año los "drásticos" recortes presupuestarios en materia agraria, teniendo en cuenta, según ha señalado, que la aportación del Estado para el campo se ha recortado en los últimos cinco años un 65%, al pasar de los 4.835 millones del ejercicio presupuestario 2009 a los 1.672 millones que recoge de Ley de Presupuestos Generales para 2014.
"Los presupuestos del 2014 dejan indefensos a los agricultores ante cualquier catástrofe climática, plaga o enfermedad ganadera, ya que los programas para calidad, competitividad y sanidad agrícola y ganadera quedan reducidos a cifras testimoniales, tras un nuevo tijeretazo del 23% y 12%. Además, se congela la partida para seguros agrarios, tras un brutal recorte del 30% en los últimos años", ha afirmado.
Respecto a la aplicación en España de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), la organización agraria ha señalado que la flexibilidad establecida durante la última fase de la negociación permite un "margen importante" para la aplicación de determinados contenidos de dicha reforma.
Desde COAG han denunciado que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han llevado a cabo un proceso de negociación "a puerta cerrada y de espaldas al campo, sin contar con los agricultores". "El resultado, una aplicación de la PAC que responde más a intereses políticos que a criterios profesionales y sociales", ha añadido.
Dentro del "escaso margen de maniobra" que resta, la organización agraria ha propuesto al Ministerio que priorice los apoyos a los agricultores activos profesionales que generan empleo y desarrollo en el medio rural.
En su opinión, debe definirse agricultor activo como el agricultor profesional que obtiene al menos el 25% de sus ingresos de la actividad agraria y cotiza a la Seguridad Social por esta actividad.
Sobre el desarrollo de la Ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, COAG ha subrayado que es una "oportunidad única" para conseguir una mayor transparencia y seguridad jurídica en la cadena.
Sin embargo, aunque se muestra convencida de que evitará algunos abusos comerciales, su mayor preocupación como agricultores y ganaderos es el precio, que, a su juicio, ni se garantiza, ni se soluciona con esta Ley.
En este sentido, COAG ha considerado necesario extender la obligatoriedad de contratos escritos a todos los agentes, prohibir la venta a pérdidas y establecer un régimen sancionador eficaz.
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