El Ministerio de Empleo quiere aprovechar la "capacidades ociosas" que ha detectado en las 17 mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que operan en España. Para ello, el Consejo de Ministros de pasado mañana dará el visto bueno a la norma que permitará abrir estas aseguradoras a la colaboración con grandes hospitales públicos y privados, según adelantan a elEconomista fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez.
Los estudios que baraja la ministra han demostrado que estas asociaciones empresariales sin ánimo de lucro rinden únicamente "un 60%" en lo que respecta a los servicios que pueden ofrecer. Por tanto, apuntan desde Empleo, es momento de que colaboren con la Seguridad Social (y con el conjunto del sistema de salud) de una forma más estrecha de lo que vienen haciéndolo, ya que hasta ahora se centran en la gestión de las prestaciones por incapacidad laboral.
Nunca conviene dejar desaprovechados recursos en un ámbito tan sensible como el sanitario, y menos aún en tiempo de crisis. Además, en lo que a las mutuas respecta los medios a su disposición no son escasos. En conjunto manejan un presupuesto de 11 millones de euros, con objeto de asegurar la protección de 13,5 millones de personas, entre asalariados y trabajadores por cuenta propia.
Con todo, lo más delicado es el origen de esos fondos, ya que proceden casi completamente de las cotizaciones sociales que las empresas pagan a la Seguridad Social y que luego esta Administración traspasa a las mutuas para que lleven a cabo su gestión. Es por ello que Empleo quiere estrechar más el cerco sobre el rendimiento que se obtiene de todos estos recursos.
¿Jueces y parte?
Hasta el punto de que también en Empleo barajan la opción de retirar a las mutuas la gestión de las incapacidades laborales que tienen carácter transitorio, una potestad con la que cuentan desde mediados de la década de los 90.
Casi desde entonces se han puesto de manifiesto los conflictos que se derivan del hecho de que estas aseguradoras son juez y parte en este tipo de procesos. Por un lado, no dejan de ser asociaciones privadas de empresarios.
Por otro, son ellas mismas las que se identifican como las pagadoras de las prestaciones, y las que establecen los criterios de concesión de las mismas, para los trabajadores que las han solicitado, lo que despierta recelos sobre posibles ausencias de objetividad.
Ley de Mutuas combatirá el absentismo
